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Santiago 13 Septiembre 2007.- “Queremos desmentir en forma tajante acusaciones que pretenden responsabilizar al Partido Comunista por los hechos ocurridos la noche del 11 de septiembre, especialmente me refiero a una declaración que hizo la UDI. Nosotros no convocamos a protesta, ni a desmanes, en realidad no convocamos a nada para el 11 en la noche”, afirmó el presidente del PC, Guillermo Teillier en conferencia de prensa.
“Respecto de la UDI, yo quisiera decir que hay varios dirigentes de ese partido que son responsables de instalar la fecha del 11 de septiembre en el calendario y no se pueden lavar las manos y nos parece bastante abusiva su forma de dirigirse al Partido Comunista para echarle la responsabilidad. Achacarle al Partido esto o la muerte de un carabinero, que al parecer murió por efecto de la acción de narcotraficantes o delincuentes, como lo ha dicho la propia autoridad. Queremos ser tajantes: nosotros no hemos tenido ningún tipo de participación en esa protesta. Lo que si nos parece que se habría producido un mejor clima, no se habrían exacerbado los ánimos, si el ministerio del Interior hubiera tenido una actitud distinta para los actos respecto de los cuales nosotros habíamos pedido permiso, que son la marcha del 9 y los homenajes frente a la estatua de Salvador Allende. Fueron actos bastante tranquilos, con algunas reyertas que son habituales entre carabineros y algunos manifestantes pero que no pasaron a mayores y que nosotros tratamos, a pesar de que se nos negó el permiso -incluso el ministro dijo que nos quitó el derecho de pasar por Morandé 80- nosotros tratamos de actuar lo más pacíficamente. Esperamos decirle al señor Ministro que para futuras oportunidades ojalá tenga la capacidad de dialogar con nosotros, de escuchar a las agrupaciones de derechos humanos, porque perfectamente podríamos haber conversado con mucho tiempo y habernos puesto de acuerdo de cómo serían las actividades del 9 y del 11 sin las tensiones que se provocaron. En los actos de la noche, si bien es cierto después de las once, fue la delincuencia y el narcotráfico los que se adueñaron de las calles, también hay que considerar que eso se vio facilitado por un descontento que existe en la población y que el Gobierno y las autoridades no pueden dejar de ver. Porque hay malestar por el Transantiago, por las viviendas; por ejemplo, en una sola comuna, en El Bosque, hay 18 mil allegados, no hay sitios donde construir. La nueva encuesta Casen los deja fuera de la postulación a los subsidios, a personas que son muy pobres. Tienen problemas con la salud, con la educación, los bajos salarios, allí es donde el salario ético que planteó el obispo Goic no se conoce, entonces hay un caldo de cultivo. Eso es un volcán que puede reventar en cualquier momento y desgraciadamente se aprovechan de esa situación delincuentes y narcotraficantes. La responsabilidad fundamental y básica de la violencia está en quienes dieron el golpe de estado en Chile. Toda esta situación parte de allí, por más que quieran decir que quedó en el pasado, está latente y está presente, porque el golpe de estado provocó esta crisis, los crímenes de lesa humanidad, desde ese tiempo que se arrastra un sistema autoritario. Recién en Chile se están empezando a producir modificaciones sociales que se tratan de confundir con estos desmanes así que yo también recomendaría a las autoridades que no use como motivo para criminalizar las movilizaciones sociales, sindicales, que son justas cuando reclaman derechos laborales, mejores salarios, no se usen como motivo esto que ocurrió el 11 de septiembre en la noche o que se sigan usando como motivo, los encapuchados. Hay que saber separar las cosas”. Lautaro Carmona, secretario general del PC, hizo otro alcance al respecto: “La responsabilidad que tiene la derecha en Chile –la derecha pinochetista- está vinculada a que hay 20 mil agentes de la DINA y la CNI que no se ha indicado dónde están, se fueron armados y son ellos –incluso lo han reconocido varios ante tribunales- los que trajeron la droga a Chile y los que instalaron el narcotráfico. Detrás de esto está, facilitado por la falta de inteligencia de la autoridad, de confundir cosas, de no conceder permisos, etc. detrás de eso está un aprovechamiento digitado por la ultrareacción pinochetista para, desde el mundo popular, generar este hecho con armamento sofisticado, armamento moderno que no fue usado en la lucha antidictatorial. Es un tema que no sólo la derecha debe responder –y la UDI en particular- son también las tareas de prevención que le caben a un gobierno para evitar que la expresión de un sentimiento legítimo del mundo popular sea utilizado por este tipo de mafias, narcotraficantes y delictuales, que operan digitados por la derecha. Guillermo Teillier reiteró que, en vísperas del 11, “el gobierno empezó por tender un cerco y adelantar que el 11 van a producirse una serie de hechos violentos, etc. Empezaron a cerrarse las empresas, las industrias o sea se fue creando el clima para eso. Nosotros pensamos que incluso mucha gente, tal vez como reacción a esto que se le impidiera el paso por la mañana, equivocadamente actuaron de otra manera en la noche. Si se le hubiera dado libre expresión , tomando las medidas de seguridad, nosotros no decimos que no se resguarden las marchas. Tiene que haber algún tipo de resguardo pero lo principal de ese resguardo es que se posibilite la expresión del pueblo en la calle cuando quiera salir a la calle, pacíficamente. Tuvimos que sufrir hacer un homenaje a Salvador Allende en condiciones denigrantes. Era el primer 11 de septiembre sin Pinochet y es la fecha en que se empieza a conmemorar el centenario del natalicio de Allende. Esto debería haberse conmemorado de otra forma. Lo que se hizo, le hace daño al gobierno, incluso a nivel internacional. Lamentamos y repudiamos la muerte de un carabinero en estos hechos, porque nosotros no buscamos confrontaciones con carabineros. Los compañeros nuestros de Lebu conocen a su familia, los dirigentes nuestros van a asistir a sus funerales, porque son gente conocida. El carabinero era familiar de gente minera de Lebu muy sencillo, muy buena gente. Realmente ojalá esto se pudiera evitar, empezar a terminar con un clima de confrontación que incluso se impone artificialmente en el país. Este es el peligro de que algunos quisieran meter en un mismo saco lo que es delincuencia, narcotráfico, bandolerismo con actividades sociales, políticas, que son justas demandas que a veces tienen que hacerse a través de manifestaciones o de paros que son tradicionalmente formas de lucha, y nosotros no vamos a renegar a ellas. Quisiéramos que Carabineros se abocara a sus funciones propias, no a tener que actuar en conflictos laborales o en conflictos sindicales y tener que reprimir a la gente en la calle. Preferiríamos que se dedicaran mucho más de sus esfuerzos, por ejemplo, para prevenir la actividad de delincuentes y narcotraficantes y estas cosas que se producen en las poblaciones y tanto afectan a la gente, más que a reprimir a la gente”, concluyó Guillermo Teillier, presidente del PC. Los dirigentes comunistas demandaron finalmente, el término de toda la legislación represiva, especialmente los decretos supremos de la época de la dictadura, que son utilizados hasta ahora para actividades de represión.
A LA OPINION PUBLICA La dictadura instaurada el 11 de septiembre de 1973, por sectores reaccionarios de derecha, que tratan de esconder y dejar en el olvido su responsabilidad en este hecho repudiable, dejó establecida una secuela de violaciones a los derechos humanos, anuló las conquistas laborales y sociales y los derechos de los trabajadores, entronizó la exclusión política e impuso un sistema económico injusto que genera enormes desigualdades e injusticia social. A treinta y cuatro años del golpe y tras diez y siete años de “transición a la democracia” se mantiene una situación de exclusión y discriminación de amplios sectores políticos y sociales, en varios aspectos se profundiza la injusticia social, se postergan reformas laborales. En materia de derechos humanos no se avanza en verdad ni se vislumbra la necesaria justicia en la mayoría de los casos de crímenes de lesa humanidad. Grupos económicos y grandes empresarios son los privilegiados del sistema y gozan de todo tipo de franquicias, sin contrapeso alguno, para hacerse del control de nuestras riquezas básicas y así obtener utilidades gigantescas, gran parte de ellas producto de la especulación y los miserables salarios que pagan a los trabajadores. Desgraciadamente también se mantienen vigentes prácticas autoritarias y represivas para impedir la expresión de las demandas sociales, criminalizar los conflictos laborales y constreñir la presencia ciudadana en los espacios públicos, tal cual como se hizo con las personas que pacíficamente querían rendir homenaje al Presidente Salvador Allende y a las miles de víctimas de la dictadura. El señor Ministro del Interior le quitó el derecho a las agrupaciones de derechos humanos, al partido comunista y otras organizaciones políticas y sociales de pasar por el costado de la Moneda y el monumento a Salvador Allende, cuando se conmemora el primer 11 de septiembre sin Pinochet y se inicia la celebración de los 100 años del natalicio de S. Allende.
Mientras se hacen esfuerzos por parte de organizaciones sociales y políticas para impulsar reformas y acuerdos que posibiliten terminar con la exclusión, el Ministerio del Interior asumió el día 9 de septiembre una posición de confrontación y represión contra organizaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos y los sectores políticos excluidos, crea un clima de inseguridad y amenaza, implantando un virtual estado de sitio en el centro de Santiago. No es la impronta de un gobierno de inclusión y de participación ciudadana. Más aún, desde el Ministerio del Interior se pretende confundir a la opinión pública al poner en un mismo plano las movilizaciones sociales y los actos ciudadanos pacíficos con el vandalismo, las acciones armadas del narcotráfico, que introdujo la dictadura en las poblaciones populares y con la delincuencia que surgen como lacras del sistema. De esta manera crea un cuadro de confrontaciones falso y deja la iniciativa a sectores que preconizan la violencia por la violencia y se prestan para la justificación de las políticas represivas contra el movimiento social. El Ministerio del Interior no puede ocultar su responsabilidad tras los hechos violentos ocurridos en la noche del 11 de septiembre en la Región Metropolitana, de no dialogar con las organizaciones de derechos humanos o con nuestro partido para concordar un permiso para la marcha y los homenajes y morigerar el clima de confrontación. Ninguna organización de las que convocamos a la marcha del 9 y a los actos en la Plaza de la Constitución y a varios otros lugares de Santiago, como frente al Estadio Nacional, en la noche del 11 de septiembre, que se realizaron con absoluta normalidad, convocó a protesta. La UDI, muchos de cuyos dirigentes son responsables de haber puesto en nuestro calendario esta efeméride del terror de estado, pretende culpar mentirosamente a nuestro partido, en una actitud anticomunista igual a la de la dictadura. De lo ocurrido el 11 en la noche, esta claro el aprovechamiento de delincuentes y narcotraficantes, que actúan con armas, según declaración de las propias autoridades y que produjeron el lamentable fallecimiento de un funcionario de carabineros, hecho que repudiamos. De confesiones de ex agentes de los servicios de seguridad de la dictadura se sabe que el narcotráfico era una fuente de su financiamiento, al respecto se debiera realizar una investigación exhaustiva de donde están las armas que esos ex agentes tenían en su poder. Lo anterior se debe distinguir de lo que en parte fue una explosión social espontánea, que da cuenta de situaciones no resueltas y un descontento larvado hacia el modelo económico imperante, los bajos salarios, el Transantiago, la falta de viviendas y otras demandas que el gobierno tiene la obligación de considerar. Nuestro Partido hará todas las denuncias pertinentes respecto a las restricciones que se imponen a las manifestaciones no violentas, a la represión y a las arbitrariedades que se cometen contra manifestantes, por parte de entes estatales y no cejaremos en nuestra lucha por derrotar los enclaves institucionales que así lo permiten imponiendo situaciones de confrontación. Los hechos de estos días hacen más urgente y perentorio alcanzar acuerdos y fortalecer la convergencia para terminar con la exclusión, avanzar en la democratización del país, en los derechos laborales, abrir cauce a la participación ciudadana, fortalecer el movimiento sindical y social y apoyarlo en sus justas demandas. COMISION POLITICA PARTIDO COMUNISTA DE CHILE. Santiago, 12 de septiembre de 2007 |
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