Los abajo firmantes, conscientes de la deuda histórica del Estado de Chile con los pueblos indígenas y de las insuficiencias y falta de voluntad que hasta ahora ha tenido el sistema político para reconocer derechos integrales e incorporar la deliberación efectiva de los pueblos indígenas para el devenir de un país más justo, declaramos lo siguiente:

  1. Demasiadas son las voces e instituciones que dan cuenta de la necesidad de abordar en profundidad un nuevo modo de relacionamiento con los Pueblos Indígenas, por una parte para erradicar la violencia que no compartimos, pero por sobre todo, cumpliendo a cabalidad las obligaciones que derivan de los tratados de derechos humanos que Chile ha suscrito. Entre las más recientes, se encuentran el Informe Anual sobre DD.HH de la Universidad Diego Portales; y el emplazamiento del grupo de expertos de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que llamó a no invocar la Ley Antiterrorista para lidiar con hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales de los mapuche, que buscan reclamar por sus derechos.
  2. No compartimos la criminalización y trato discriminatorio hacia el pueblo Mapuche. Sostenemos que el camino para reconstruir las confianzas y las relaciones entre el Estado y este pueblo, y los otros que habitan el territorio, es a través de la vía política, de manera que el Estado y la sociedad reconozcan el valor de los Pueblos Indígenas en un pie de igualdad y permitan que ellos participen en las instancias de deliberación política del país.
  3. Partimos de una premisa fundamental: entendemos y valoramos que la sociedad chilena ésta compuesta por diversos pueblos, a los que indiscutidamente les asisten derechos económicos, sociales, culturales y políticos que deben tener expresión constitucional.
  4. En ese sentido, creemos que el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha iniciado una ruta correcta con el Proceso Constituyente Indígena, la que debe ser fortalecida y esperamos pueda concluir exitosamente. Resulta imperativo cambiar la actual Constitución heredada de la dictadura, que configura un Estado mono cultural, que desconoce la preexistencia de  culturas originarias, pretendiendo asimilar a los Pueblos Indígenas a los parámetros de la sociedad occidental, por una que reconozca a dichos pueblos y el carácter plurinacional de la sociedad chilena.
  5. En virtud de lo ante