Hasta la Embajada de Perú en Chile llegó el diputado Hugo Gutiérrez junto al abogado Hiram Villagra, para entregar una carta firmada por diversas organizaciones de Derechos Humanos, donde se hace un reclamo por el indulto entregado por el Presidente Peruano Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, quien cumplía condena de 25 años por delitos de lesa humanidad.

Tal ha sido la polémica generada por el indulto presidencial de mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, a Alberto Fujimori, que en Perú se ha vivido este viernes 29 de diciembre una jornada de concentraciones y protestas bajo el lema “el indulto es un insulto”.

En Chile las organizaciones de Derechos Humanos igualmente se hicieron parte de este reclamo, llevando una carta hasta la Embajada de Perú en Chile, para solicitar al embajador Luis Valdez que transmita la voz de protesta al Presidente Kuczynski por la cuestionada determinación.

La carta fue entregada por el diputado Hugo Gutiérrez, el abogado Hiram Villagara y contaba con la firma de la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro; la Secretaria Ejecutiva de la Corporación de Derecho del Pueblo, Juanita Méndez; y la agrupación Red de Sitios de Memoria.

El diputado Gutiérrez recordó que el ex dictador Alberto Fujimori fue detenido en Chile y entregado a la justicia peruana para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad luego que en noviembre de 2000, el ex Presidente Fujimori huyera a Japón, en medio de acusaciones de corrupción y otros crímenes, como homicidio calificado, lesiones graves, desaparición forzada y enriquecimiento ilícito.

En la carta firmada se expresa que un indulto a un criminal de lesa humanidad, más allá de las razones que se esgriman, “es siempre un acto político que implica alimentar la impunidad, dimensión inaceptable frente a la violaciones a los Derechos Humanos y relativiza el reproche legal y moral absoluto que debe tener tales crímenes”.

La carta si bien reconoce las facultades de PPK para tomar tal medida, subraya que “los actos del Estado tienen siempre un fin de servicio público, bien general e interés colectivo al que deben servir (…) si no, aunque formalmente correctos, merecen el reproche de ser desviados, ilegítimo y la desviación del acto administrativo es una causal de nulidad en el Derecho Público”.