Santiago. 27 abril 2010.- La siguiente es la minuta con que el diputado  Guillermo Teillier, presidente del PC, diputado Lautaro Carmona, secretario general y diputado Hugo Gutiérrez, abogado de DDHH se reunieron durante mas de una hora con el Presidente de la República en el palacio de La Moneda.

1.- Mantener las puertas abiertas al diálogo, a pesar de las diferencias que puedan expresarse entre el gobierno y los parlamentarios PC.         

2.- Disposición a contribuir en la Reconstrucción, tanto en los planos legislativos, como en trabajo voluntario en beneficio de los damnificados (lo que hemos hecho desde un primer momento ante la emergencia en diversas comunas).         

3.- El votar en conciencia, si fuera el caso, contra determinadas propuestas no significa una determinada posición obstruccionista, es sólo el derecho a diferir de medidas que pudiéramos considerar lesivas para el bien nacional o los derechos de los trabajadores.          

4.- Esperamos que la mantención del diálogo en algún momento permita avanzar en ideas de reformas de la institucionalidad que permitan terminar con la exclusión.          

5.- En relación a lo que conocemos de propuestas para recabar fondos para la reconstrucción, debemos expresar lo siguiente:                   

A) Como apreciación general nos parecen sugerentes las propuestas que plantean una reforma tributaria y un posible royalty a la minería.  Sin embargo nos preocupa que la generación de los tributos sea menor a lo esperado para el Estado y signifique un mayor beneficio y un negocio muy rentable para las empresas que se pretende tributen más. Ello porque es demasiada efímero el tiempo de vigencia de estos impuestos y muy largo el período de beneficio a las empresas, lo que a la larga significa que el Estado deja de percibir muy importantes partidas de impuestos. Esto es acentuado por la “depreciación acelerada” y por la mantención, en el caso de grandes empresas, de la rebaja de timbres y estampillas y por la extensión a 8 años más de beneficios extraordinarios a las empresas mineras. Lo que tributen las empresas hoy pasaría a ser una especie de préstamo que el Estado deberá devolver en los próximos años a las empresas.                  

B)  No apoyaremos la enajenación de activos de Estado en CODELCO y en las empresas sanitarias. Y en cuanto a propiedades en manos de Bienes Nacionales y SERVIU expresamos nuestro desacuerdo con que se lesione a organizaciones sociales, deportivas o culturales que se vean afectados por dicha medida. Es mejor usar los fondos soberanos, incluso obtener créditos, que enajenar bienes que son del patrimonio de todos los chilenos. Medidas paliativas a las posibles repercusiones en la fluctuación del dólar son posibles de establecer por un plazo conveniente.                

C)  El gobierno parte de la base que el empresariado nacional y que tampoco el Estado, están en condiciones de enfrentar la reconstrucción. Tal aseveración puede ser verdadera y sólo habla de las debilidades de un sistema que nos ha llevado a un debilitamiento de nuestro potencial económico interno. Ante ello ha solicitado, sin un previo catastro o estudio de ofertas y posibilidades reales de las empresas nacionales y de las reales potencialidades del Estado, a diversas empresas transnacionales en diversos países, la posibilidad de que vengan a invertir a Chile, en unos negocios que no dejan de ser rentables. Todo lo que se compre prefabricado deja valor agregado y genera puestos de trabajo en países que no son el nuestro. Además lo que se ofrece es participar en la licitación de obras concesionadas de escuelas, hospitales y otros, cuyo alcance y profundidad no conocemos. Esto ha significado retraso en la construcción, por ejemplo, de obras que ya estaban aprobadas y financiadas, como el complejo hospitalario Barros Luco, lo que es poco concebible ante la falta de más de 4000 camas hospitalarias en el país. Sobre estos temas demandamos la mayor claridad ante la ciudadanía y los usuarios.               

6.- LA EMERGENCIA NO HA TERMINADO: De nuestros antecedentes desde las zonas afectadas surge la preocupación porque las ayudas para la emergencia avanzan con lentitud. No hay mediaguas suficientes, hay municipios que reclaman que las tres empresas monopólicas de la construcción a la que se asignan los fondos por el gobierno central, no son capaces de abastecer la demanda. Por otra parte hay mucho daño en murallas, techumbre de edificios y viviendas para los cuales no llega absolutamente nada. Debiera realizarse reuniones de intendentes con los alcaldes, establecer esas necesidades y aclarar con la mayor precisión a la ciudadanía el cómo se terminará de solucionar los problemas inmediatos de la emergencia, para lo cual medidas contribuyentes podrían ser el otorgar fondos directos a municipios y permitir a estos fabricación y contratación de mano de obra para la instalación de mediaguas y reparaciones de viviendas.