Contenidos:

Programa del Partido Comunista de Chile

 

Elaborado por la Comisión de Programa designada en el XXI Congreso Nacional Septiembre 2001

  • Una mirada al presente

o  El cambio. Una necesidad histórica

o  La esencia de la nueva fase de desarrollo capitalista

o  La gran patria latino-americana

  • ¿ Porqué Chile necesita el cambio ?

o  La estructura de clases y la organización del trabajo han variado

o  El actual modelo social excluye a millones de chilenos

o  El régimen imperante es un régimen de minoría

o  ¿Cuál es la contradicción principal del período?

  • La revolución democrática

o  Transformar el sistema político

o  Democratizar el Poder Judicial

o  La democratización de las Fuerzas Armadas

o  Una concepción democrática de la seguridad ciudadana

o  Un Proyecto Nacional de Desarrollo

o  Una política social de mayoría

o  Chile en la Comunidad internacional

  • Una democracia superior: el socialismo

o  La crisis del socialismo en el siglo XX

o  El socialismo para Chile

  • El Partido Comunista al servicio del Pueblo y de Chile

o  Un Partido de los Trabajadores

o  Un Partido con Profundas Raíces Históricas

o  Un Partido Internacionalista

o  Un Partido que Asume los Problemas Globales de la Humanidad

o  Un Partido que Postula el Valor Esencial de los Derechos Humanos

o  Un Partido que Lucha por las Libertades Individuales

o  Un Partido que Reivindica la Familia y la Igualdad de GŽneros en la Sociedad

o  Un Partido por la Libertad de Creación

o  Un Partido que Lucha Irrestrictamente por la Democracia en el País

o  Un Partido que promueve la ética en la política

o  Un Partido para la Unidad

o  Un Partido que Promueve el Intelectual Colectivo

o  Un Partido que Asume el Legado de la Teor’a y las Experiencias Socialistas y

Corrientes Progresistas

o  Un Partido que Asume las Lecciones de la Historia

 

Una mirada al presente

 

 

El cambio. Una necesidad histórica

 

La humanidad ha ingresado en un nuevo milenio manteniendo en su corazón el anhelo de una nueva sociedad, solidaria, fraterna, democrática, centrada en el ser humano y la promoción de sus más altos valores.

 

Hacerlo realidad es el desafío que el siglo XX nos deja.

 

  1. El mundo vive un tiempo de profundas transformaciones. La revolución científico – técnica ha significado un impresionante desarrollo de las fuerzas productivas y una creciente capacidad de manejo y control de la naturaleza.

 

El contraste entre las formidables posibilidades de satisfacción de las necesidades humanas y el despilfarro de recursos materiales, vidas, inteligencias es la contradicción crucial de la época contemporánea.

 

Tales capacidades acumuladas permitirían actualmente solucionar los más agudos problemas   globales:   el   hambre,   la   miseria   extrema,   la   cesantía   masiva,   el analfabetismo, la inseguridad de la vida en el planeta. Es posible proponerse acabar con la pobreza y elevar la calidad de vida de cada ser humano como desafío práctico del siglo XXI.

 

La más alta expresión del humanismo consiste en la transformación revolucionaria del mundo, de manera que toda la humanidad, en armonía con la Naturaleza, se vea beneficiada con ese proceso.

 

Para los comunistas, el desarrollo de las ciencias y de la cultura en general, es parte fundamental de su lucha incesante por la promoción colectiva de las potencialidades de la especie y de sus valores.

 

  1. La permanencia de sociedades basadas en la explotación del hombre por el hombre, con su acumulación y distribución desigual de riquezas, hace imposible que todos los seres  humanos  puedan  usufructuar  de  los  resultados  de  este  progreso.  Las posibilidades           mismas   de   progreso   están   amenazadas   por   la   depredación   y contaminación de los recursos naturales y por el despilfarro de las fuentes de vida del planeta. Es ésta una limitación objetiva, inherente a ese tipo de desarrollo, que no puede ser cambiada por una simple reforma. El capitalismo es incapaz de poner fin a esta dramática contradicción.

 

En  el  siglo  XXI  la  supervivencia  de  la  humanidad  exigirá  un  tipo  de  desarrollo sustentable para todos; nuevos modos de producción y distribución de la riqueza material, la constitución de una formación social de naturaleza distinta, formas de vida y de consumo acordes con el carácter colectivo e internacional de las nuevas fuerzas productivas, que permitan que lo creado por el ser humano, beneficie a toda la humanidad. Esta es nuestra concepción humanista de la globalización.

 

  1. Un modo de construcción del socialismo, pese a haber conseguido importantes avances en la realización de equidad y justicia social, generó contradicciones que no fueron asumidas por las fuerzas dirigentes e hicieron posible su utilización por los adversarios del socialismo hasta llevarlo a su desmoronamiento en una serie de países. No obstante el fracaso, no es la derrota del ideal de un sistema solidario y humanista. La superación del capitalismo sigue siendo una necesidad impostergable. El carácter de la época está determinado por esta superación necesaria.

 

La esencia de la nueva fase de desarrollo capitalista

 

Tras una reestructuración de altos costos humanos y sociales emerge una nueva modalidad de  funcionamiento del sistema capitalista. Utilizando la revolución científico técnica, generó una gigantesca expansión de la productividad del trabajo, combinada con formas de superexplotación de hombres, mujeres y niños, en especial, del Tercer Mundo. Al impedir que los trabajadores gocen de los beneficios de la mayor productividad de su trabajo, ha tenido lugar un crecimiento desorbitado de la tasa de ganancia. Tal es la esencia de la “modernización” o “globalización” capitalista.

 

La integración de países y centenares de millones de trabajadores en la nueva división internacional del trabajo se impone bajo el afán de lucro de un puñado de gigantescos conglomerados capitalistas. Al concentrar la producción, los capitales, la tecnología y los medios de comunicación han acumulado un enorme poder con el cual manipulan las necesidades, imponen los modos de producción, deciden el auge o decadencia de ciudades, regiones, paises y continentes.

Se han ido conformando centros principales como directrices de la economía mundial, que están en disputa por un nuevo reparto del mundo y del mercado: EE.UU., la Comunidad Económica Europea, el Japón. Al mismo tiempo otros pugnan por asumir esta función.

 

El capitalismo ha dado nacimiento a un nuevo sistema de dominación, que atenta contra la supervivencia de los Estados nacionales generando una red de poder cuyos centros se encuentran en distintos países y abarcan diversos aspectos de las antiguas estructuras económicas y políticas.

 

La estructura de los estados nacionales se ha visto profundamente transformada. Se impone un sistema político elitista y fuertemente centralizado. Un nuevo totalitarismo disfrazado de liberalismo y modernidad, en el que los grupos económicos transnacionales y nacionales dominan a la sociedad por el poder del dinero.

 

Esta es la naturaleza contemporánea del imperialismo.

 

En la nueva situación mundial, Estados Unidos, potencia imperialista principal, profitando del fin del sistema socialista, procura la configuración de un nuevo orden internacional unipolar, bajo su hegemonía. Impone sus designios incluso a otras potencias capitalistas.

Pueblos y países que pugnan por poner fin a la dependencia y conquistar su plena soberanía y autodeterminación, están frente a la amenaza de su intervención económica, política y militar.

El imperialismo norteamericano se auto asigna el derecho de agredir cualquier país.

El capitalismo no logra cambiar su esencia injusta e inhumana. La riqueza se acumula en un polo, mientras que, para cientos de millones de personas la vida se hace más difícil e incierta. Mantiene validez la afirmación de Marx de que

 

“El valor creciente del mundo de las cosas determina, en directa proporción, la devaluación del mundo de los hombres”.

 

Aún en los paises desarrollados las injusticias y desequilibrios sociales, se agravan. Crece la cesantía, se generan bolsones de miseria, particularmente entre los inmigrantes, la tercera edad. las mujeres y los jóvenes. Se exacerba el racismo y la xenofobia. En Estados Unidos, paradigma del sistema, sesenta millones de personas viven en la pobreza.

La marginalidad, el exitismo y la competencia desenfrenada aumentan la delincuencia y las mafias, la inseguridad y la precariedad de la vida. Contribuyen a la desintegración de la familia, al incremento del alcoholismo, la drogadicción y la prostitución. Se universaliza la mercantilización del hombre mismo y de sus valores morales.

 

En el tercer mundo, donde habita la aplastante mayoría de la humanidad la situación es aún más  dramática.  Hay  quinientos  millones  de  personas  al  borde  la  muerte  por  hambre; ochocientos millones de cesantes o en empleos precarios; ochocientos millones al margen de toda asistencia médica y dos mil millones que aún se encuentra sin acceso al agua potable.

 

La gran patria latino-americana

 

América Latina es un continente superexplotado por el capitalismo y supeditado al  imperialismo norteamericano. En 500 años, distintas dominaciones coloniales,  neocoloniales  e   imperialistas  han   impedido  su   desarrollo independiente y en beneficio de las grandes mayorías nacionales.

 

Vive un proceso de readecuación capitalista en los marcos del neoliberalismo, lo que determina la transnacionalización  progresiva de sus economías. La deuda externa crece constriñendo las posibilidades de desarrollo. Los grandes capitales profitan de sus recursos naturales que son explotados sin criterios de preservación. Las consecuencias sociales de esta situación son dramáticas: sobre el 60% de la población vive en la pobreza, la extrema desigualdad en la distribución del ingreso, base de profunda inequidad social, se ha agravado en los últimos años, más de 20 millones de niños sin hogar deambulan por nuestras ciudades, las mayorías carecen de los más elementales derechos. Son los que sobran en el nuevo capitalismo a los cuales el mercado no les asigna ningun beneficio económico ni social.

 

Luego del aplastamiento de la democracia por cruentas dictaduras que asolaron países en los últimos  dos  decenios,  las  heroicas  luchas  de  nuestros  pueblos  y  la  resistencia  de  sus exponentes de izquierda, progresistas y humanistas, han posibilitado reabrir espacios democráticos.

Sin embargo, los nuevos regímenes nacen frustrados por las imposiciones de los grupos de poder económicos y políticos pro imperialistas, así como por las concepciones restrictivas y

limitativas del ejercicio de la soberanía popular.

 

El imperialismo norteamericano, requiere más que ayer, ampliar la explotación y el sojuzgamiento de América Latina, para asegurar su hegemon’a mundial, frente a la competencia de otros bloques de poder, centrados en Europa y Asia. Se propone un sólo mercado desde Alaska hasta Tierra del Fuego, donde circulen, como en su propio territorio, sus capitales, mercanc’as y servicios y transformarlo en coto de caza de recursos naturales, materias primas y fuerza de trabajo para sus transnacionales. Un primer paso ha sido el Tratado de América del Norte, con Canadá y MŽxico. Luego han de venir los TLC con Chile y otros países, en negociaciones por separado, para facilitar su sometimiento. Mediante tales tratados se busca la liquidación de las industrias y agriculturas locales que compitan con sus productos, la imposición de sus marcas registradas, tratamiento de excepción a sus capitales y limitaciones decisivas a la soberan’a de los estados nacionales. En esa dirección trata de utilizar el Banco Interamericano, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y se apresta a aprovechar la Organización Mundial de Comercio, sucesora del GATT. Actœa unilateralmente o a través de la OEA o el Consejo de Seguridad de las N.U para invadir o imponer sanciones. Adecœa su doctrina militar para mantener su tutela sobre las FF.AA del continente y, según las circunstancias, desplegar sus tropas en nuestros territorios. Refuerza, mediante sus tecnolog’as y capitales, su dominio ideológico y cultural, por los medios de comunicación de masas. La CIA y sus similares penetran más a fondo en las organizaciones e instituciones sociales. Buscan aplastar a los partidos comunistas y obreros, impedir los movimientos revolucionarios y  anti-imperialistas, dispersar o  dividir a  la izquierda.

 

En América Latina los trabajadores asalariados, el campesinado, los estudiantes y la intelectualidad  han  sido  factores  determinantes  del  progreso  democrático,  la  defensa  de nuestros recursos naturales y la extensión de las conquistas sociales y de la soberanía popular. En este siglo amplios movimientos populares han llevado a cabo revoluciones democráticas, agrarias, anti-imperialistas que constituyen ricas experiencias de lucha de nuestros pueblos.

A pesar del desarrollo desigual que experimentan las naciones del continente nuestros pueblos y paises tienen objetivos comunes a alcanzar: la conquista de una democracia real, la cooperación y el apoyo mutuo en aras de sus intereses nacionales, avanzar hacia la integración económica y política, abrir paso al triunfo del socialismo en el continente.

Durante  más  de  tres  décadas  la  revolución  cubana  ha  sostenido  la  primera  experiencia

americana de una nueva sociedad en la perspectiva del socialismo. La revolución dejó atrás lacras propias del capitalismo y de la dominación norteamericana: el desempleo, la miseria, el analfabetismo y el gangsterismo. Son reconocidos mundialmente los altos niveles alcanzados en educación, salud, ciencia y arte, deporte y otros aspectos de la cultura. Los valores humanistas y solidarios, la participación masiva y consciente de su pueblo en la construcción del país hn permitido a Cuba resistir las consecuencias del derrumbe de la URSS y del acoso del imperialismo norteamericano.

Cuba es un baluarte de dignidad e independencia nacional. La solidaridad con la revolución cubana es el primer deber internacional de los patriotas latinoamericanos.

 

 

 

NOTA: El presente programa sera revisado y actualizado en la Conferencia Nacional que el Partido realizara en Julio de 2018.


¿ Porqué Chile necesita el cambio ?

 

 

Chile es un país capitalista de desarrollo medio, marcadamente dependiente. El ingreso de capitales extranjeros ha alcanzado cuantiosos volúmenes y una nueva calidad al fusionarse con grupos financieros nacionales. La remesa al exterior de parte del producto nacional, bajo la forma de intereses de la deuda externa y de utilidades, es muy alta. Parte importante de la inversión extranjera ingresó con grandes subsidios públicos, utilizando ahorro interno o apoderándose de patrimonios nacionales. El pesado gravamen de la dependencia frena las posibilidades  de  desarrollo  y  la  capacidad  nacional  de  atender  las  necesidades  de  sus habitantes, lo que implica entre otras cosas, un desarrollo desigual de las regiones.

La violencia y el terrorismo de Estado que sufrimos los chilenos bajo la dictadura fascista de Pinochet fue determinante para la imposición del nuevo proyecto de capitalismo transnacional, que continúa aplicándose.

La  dictadura  provocó  profundos  cambios  en  el  país  para  permitir  el  dominio  de  las

transnacionales y de un nuevo sector de la burguesía. Profundizó el abismo social y la desnacionalización del país.

La dominación transnacional ha adquirido expresiones extraordinariamente diversas. Consorcios transnacionales controlan los sectores fundamentales de la economía nacional. Reducen las capacidades reguladoras del Estado y su presencia se expresa, ante todo en los sectores más dinámicos.

Se manifiesta de múltiples formas: a través de inversiones directas, en el dominio de recursos

naturales, en la esfera del comercio exterior – particularmente a través del intercambio desigual

– en su control de los sectores de punta y de los adelantos científico-técnicos; en el mercado de capitales, incluido el manejo de parte significativa del ahorro interno, en la influencia determinante que tienen los organismos financieros multilaterales; en las crecientes facilidades que obtiene para el libre movimiento de capitales, bienes y servicios y en la gravitación determinante en las telecomunicaciones.

La inserción del país en la división internacional del trabajo descansa en la exportación de un grupo de productos primarios de bajo valor agregado. La capacidad competitiva, se apoya en los grandes recursos naturales con que se cuenta -mineros, forestales, pesqueros, agrícolas, ante todo – y en tasas elevadas de superexplotación de la fuerza de trabajo.

 

Asuntos vitales para el país se resuelven fuera de las fronteras nacionales. En esencia, son resultado de políticas decididas por el capital transnacional, interesado en lograr la más amplia apertura al exterior, libertad de movimiento de capitales, bienes y mano de obra barata.

 

El dominio transnacional y su modelo de libre mercado son los responsables del grave deterioro ecológico producido, desde la implantación de la dictadura: Agotamiento de las especies marinas, destrucción de los bosques nativos, envenenamiento de r’os y lagos, incremento de desechos no reciclados, contaminación atmosfŽrica y acœstica, anarqu’a del tránsito; importación libre y uso irresponsable de tóxicos en los procesos productivos. La ley 19.300 de

1994 apenas si limita los efectos, sin atacar las causas de los daños ecológicos; carece de recursos y atribuciones para actuar con eficacia.

Chile es un país altamente monopolizado. Particularmente, están sometidos a una mayor concentración los sectores más dinámicos y rentables. Una pequeña, pero poderosa élite, crecientemente asociada con el capital transnacional, tiene presencia gravitante en diferentes sectores de la actividad económica.

Antiguos y nuevos grupos económicos han acumulado inmensos patrimonios, apropiándose muchas veces fraudulentamente de empresas que constituyeron buena parte del patrimonio social de Chile. Conforman, junto con el capital transnacional, el mapa de la extrema riqueza.

El capital transnacional y los grandes grupos económicos internos constituyen conglomerados,

con empresas orientadas a un espectro diversificado de funciones, que se proyectan más allá de nuestras fronteras.

La transnacionalización de la economía chilena, con el pretexto de su creciente integración en el mercado mundial, acentœa la crisis de diversas industrias como el carbón, los textiles y el calzado, las pequeñas empresas y amenaza a ramas agropecuarias como los cereales y cultivos

 

industriales. Esto, traducido en el cierre de fuentes de trabajo, sumado al agotamiento de recursos naturales y al abandono gubernamental, va creando una grave crisis económica y social en diversas ciudades, provincias y regiones. Es el caso de Arica, Tocopilla, sectores de la Cuarta Región, Valpara’so, Arauco, AysŽn y Magallanes. En el marco del neoliberalismo y el libre mercado, las llamadas reconversiones, basadas en incentivos al capital privado y fórmulas similares, sin firme compromiso estatal para asegurar nuevos empleos y actividades estables, no constituyen soluciones reales para la mayor’a de los afectados. Se les condena a emigrar, a caer en la cesant’a crónica o en la pobreza extrema.

 

La estructura de clases y la organización del trabajo han variado

 

La nueva organización del capitalismo está generando una mayor diversificación de la clase obrera. Se desarrollan nuevas formas de explotación que incorporan hasta el trabajo infantil. Esto va unido a la generación de desempleo estructural, a  la marginalización y  a  la exclusión de sectores sociales.

 

La organización del trabajo ha variado pero no la estructuración en clases de la sociedad. Asistimos a un proceso de diversificación de la producción que incorpora al nuevo conocimiento de manera directa. En el capitalismo, esto se hace sin cuidar de  los aspectos humanos, produciendo una enajenación creciente, dificultando que la clase obrera adquiera conciencia de sí y se proponga disputar el poder.

 

En la burguesía chilena se ha producido un profundo proceso de diferenciación. Los sectores dominantes son poco numerosos, pero extraordinariamente influyentes. Los grupos económicos han pasado a tener una posición determinante. A su vez en el agro, como resultado del proceso de contrareforma agraria, que significó la devolución de cerca del 70% de las tierras expropiadas, surgió una nueva burguesía agraria, audaz y agresiva, que se liga a los grupos económicos y al capital transnacional.

Otros  sectores  de  la  burguesía  no  monopólicos,  la  gran  masa  de  propietarios  medios  y pequeños, ven afectados sus intereses por el dominio que ejercen los grupos y el capital transnacional, que se apropian de parte sustantiva del plusvalor producido por éstos.

La mayor parte de la fuerza de trabajo del país es asalariada. El proletariado ha crecido y se ha modificado. En términos cuantitativos han aumentado los asalariados de los sectores servicio y comercio. Igualmente ha crecido el proletariado agrícola, con la particularidad de que una parte

del mismo tiene ocupación temporal. El proletariado minero industrial sigue teniendo una gran importancia, aunque tiende a disminuir en términos relativos. Crece el proletariado femenino. Una parte de los asalariados tiene una mayor formación cultural y una más alta calificación. Numerosos profesionales y técnicos se han proletarizado.

La  contratación  de  la  mano  de  obra  toma  expresiones  nuevas.  Aumentan  las  unidades

económicas pequeñas y medianas; así también, los contratistas al servicio de las grandes empresas. Por otra parte, disminuyen las grandes concentraciones de trabajadores.

Se abre paso a una nueva organización del trabajo. Un sistema que incrementa la superexplotación, el empleo precario, dificulta la organización sindical y fomenta el individualismo y la falta de solidaridad. En la práctica la jornada de 8 horas ya no existe. Se estimula el trabajo parcial , el trabajo a domicilio, la negociación individual, la facilidad de

despidos, la restricción del derecho a huelga, a vacaciones y otras regulaciones.

El modelo socio- económico descansa en altas tasas de explotación y en la marginalidad de una parte de la población. La distribución del ingreso es extraordinariamente desigual. Según datos del año 2001, el 20% más rico de la población se apodera del 57,5% de los ingresos totales. En cambio, el 20% de los individuos de menores ingresos apenas percibe un 3,7% de los mismos.

En términos generales, prácticamente un 60% de los chilenos recibe ingresos entre los deciles I

y VI de la tabla de distribución nacional respectiva, según la encuesta Casen 2000. Se trata de todos quienes ganan hasta un salario mensual de $325.447 que no bastan para asegurar las condiciones mínimas de vida de una familia de 4 personas. Es decir, en Chile 9 millones de personas son consideradas pobres según los estándares de los organismos internacionales

 

especializados. Un 30% de la población no cuenta con cobertura previsional. Numerosos chilenos al llegar a la tercera edad o perder la capacidad de trabajo caen en la miseria. Más del

20% de la fuerza de trabajo no cuenta con contratos laborales.

Entre 1974 y 1990, los trabajadores dejaron de percibir, el equivalente a más de 3 años de ingresos, si se compara el índice de remuneraciones con el existente en 1970. Por otro lado, la

escala de sueldos y salarios se ha hecho extraordinariamente desigual, existiendo una enorme diferencia entre lo percibido por las capas gerenciales y la generalidad de los trabajadores.

 

El actual modelo social excluye a millones de chilenos

 

Existe un vasto sector informal de la economía en el que se desenvuelve aproximadamente el

30% de la fuerza de trabajo. Entre ellos se encuentran los parceleros, pirquineros, artesanos, areneros, vendedores ambulantes y callejeros, temporeros y transitorios, trabajadores de subcontratos, cuya pobreza, riesgos y desprotección aumentan. en proporción a su nœmero, a la represión policial y burocrática, y a la explotación a que son sometidos por los intermediarios y capitalistas. Sus ocupaciones son sumamente inestables. Ello contribuye a la inseguridad de todos los trabajadores y constituye un componente central del ejército industrial de reserva.

 

La precariedad, la inestabilidad, el incumplimiento de los derechos laborales del conjunto de los trabajadores es la tónica general. Es la esencia del Código Laboral elaborado por la dictadura y aún vigente.

 

El déficit habitacional, según el censo de 1993, alcanzó el nivel de 800.000 viviendas. Cientos de miles de familias viven de allegadas. El drama habitacional afecta en forma prioritaria a las parejas jóvenes y a las familias de menores recursos. Las deudas habitacionales atenazan a una gran masa de chilenos.

Los problemas que afectan a los trabajadores y pobres de la ciudad se ven agudizados en el agro. Dos millones de ellos viven en la pobreza. Hay quinientos mil indigentes. Son más agudos sus problemas de salud, educación y vivienda. Permanecen altos sus niveles de desnutrición, mortalidad infantil y analfabetismo. Ellos son los principales afectados por el trabajo temporal,

la intensificación en la ocupación de la fuerza de trabajo, bajos salarios, falta de seguridad laboral y otras secuelas de la superexplotación. Muchos pequeños y medianos productores deben ser también asalariados para poder subsistir.

Los elevados niveles de pobreza son una manifestación de la desigualdad social, del gran

porcentaje de población desocupada y subocupada y de la caída de las remuneraciones en la mayoría de los casos por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Los niveles de consumo de una gran parte de la población son precarios. El consumo per cápita de calorías y proteínas al año 1995 es inferior a los niveles existentes hasta 1973 .

El actual sistema previsional, basado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), genera graves incertidumbres y peligros para los futuros jubilados. Una elevada proporción de ellos ve amenazado su futuro por la evasión tolerada de las cotizaciones, por las comisiones y

gastos injustificados, por los frecuentes períodos de cesantía y por los riesgos de pérdida en sus fondos debido a las inversiones especulativas que efectúan. Los grupos financieros y transnacionales que controlan las AFP utilizan los fondos de los trabajadores más para acreceentar su poder económico y político que para la seguridad y beneficio de los afiliados o de las necesidades de la economía nacional.

En el empeoramiento de la salud de los chilenos, tanto física como mental, se expresan

gravemente las consecuencias del modelo económico neoliberal.

El sistema público de salud ha sufrido, desde la Dictadura, un grave deterioro, El presupuesto fiscal, como porcentaje del PGB, es notoriamente inferior a lo que fuera en los años de la U.P. Hay un déficit de hospitales, policl’nicos, falta de mŽdicos, enfermeras, especialistas, infraestructura insuficiente, atrasada o en mal estado; el personal administrativo y auxiliar está mal pagado y superexplotado. Las postas, los servicios de urgencia, quirúrgicos, especializados,

funcionan  a  medias  y  no  dan  abasto.  Muchos  enfermos  deben  esperar  meses  para interconsultas u operaciones. Pacientes crónicos o de enfermedades costosas no tienen donde acudir.   FONASA   no   otorga   subsidios   adecuados   a   sus   afiliados.   Los   consultorios municipalizados, soportan las carencias de los municipios pobres. A todo lo anterior, se agrega

 

la carestía de los medicamentos, cuyos precios están al arbitrio de las transnacionales y cadenas farmacéuticas.

Una parte de la población trabajadora se ha visto obligada a incorporarse a las ISAPRES, debido a la degradación de los servicios públicos. Convertido en un negocio altamente lucrativo de un

puñado de magnates, las ISAPRES gozan de subsidios del Estado, encarecen el costo para los usuarios, reducen las prestaciones, rechazan a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, a las familias numerosas, ocultan información, manipulan las licencias y los aranceles. Así, todo aquél que no puede afiliarse a una ISAPRE no tiene otro camino que declararse indigente para obtener atención gratuita del Estado.

Un fenómeno similar se produce en el plano educacional. Las inversiones sectoriales igualmente

se redujeron. En l990, el gasto social per cápita en educación fue de sólo un 60% del registrado en l972. Las remuneraciones y normativas laborales del magisterio son absolutamente insuficientes.

La nueva realidad de la educación chilena basada en criterios empresario – mercantiles, permite que cualquier particular instale instituciones de educación sin garantía de calidad, debilitando el rol del Estado y la sociedad . La educación queda sujeta a los requerimientos del capital. La

propuesta del gobierno de la Concertación del año 1995 contempla un aumento de un 1% del producto en el presupuesto fiscal de Educación, a condición de que aumente en la misma proporción  la  inversión  privada,  y  en  otro  tanto  el  gasto  familiar  a  través  del  llamado

“financiamiento compartido”.

Un alto porcentaje de egresados de la enseñanza media no entran a la educación superior ni son preparados para incorporarse al mundo del trabajo. Entre los jóvenes se producen las más

altas tasas de cesantía.

Los problemas de falta de escolaridad se registran ante todo en los hogares de menores ingresos. Los analfabetos absolutos alcanzan al 8,9% y un l9% tienen menos de cuarto año básico cursado. Sólo el 64% de los jóvenes entre 15 y 19 años recibe algún tipo de educación media.

La fuga de cerebros es muy alta. Los grandes centros capitalistas se apoderan de personal

preparado en el país. En ello influye la falta de posibilidades que se les proporciona. Se calcula que la mitad de los jóvenes científicos que realizan estudios de post grado en el extranjero no regresan.

Los recursos destinados a la investigación científica y tecnológica son insuficientes. En la de carácter productivo sólo el equivalente a un 0,7 % del PGB. Existe una grave tendencia a poner

toda la investigación científica y tecnológica en dependencia del capital privado.

El libre mercado deja a los consumidores al riesgo de productos de baja calidad y sin garantías sanitarias mínimas. La población está expuesta al consumo de alimentos y materias primas prohibidas en otros países, que afectan su salud y el medio ambiente. Hasta el presente ninguna ley de protección del consumidor ha logrado ser aprobada en el Congreso Nacional.

El modelo reproduce una sociedad cada vez más violenta y agresiva. Aumentan los robos con

fuerza. La pobreza es el factor determinante en los niveles alarmantes de delincuencia . Todo indica que es insuperable si no se resuelven las bases económico – sociales que la generan.

El país es cada vez más un campo de acción del lucrativo negocio capitalista de la droga. Los carteles internacionales de la droga utilizan el territorio nacional, como lugar de tránsito hacia países desarrollados. Aprovechan las múltiples facilidades existentes en el país para promover el consumo y el lavado de dinero.

Bajo el pretexto del narcotráfico el DEA, organismo suprapolicial norteamericano, incrementa una peligrosa línea de intervencionismo en los asuntos internos del país.

El proyecto neoliberal ha provocado una profunda crisis de valores. La gestión de la dictadura,

la violación sistemática de los derechos humanos, como política oficial, la imposición del terrorismo de Estado y la corrupción, por una parte; el consumismo, la falta de oportunidades y de participación, la demagogia, el individualismo, el valor omnipotente que se le asigna al dinero y otros graves factores componentes del proyecto transnacional, por otra, ha generado un deterioro ético y moral.

Esta crisis moral afecta a toda la sociedad, y en especial a la juventud que se rebela contra esta realidad inhumana, la falta de transparencia, el cinismo social, la carencia de posibilidades de trabajo, estudio y participación, la imposibilidad de un desarrollo humano pleno y la ausencia de una sociedad justa.

 

Son miles los jóvenes con expectativas frustradas por las pocas posibilidades de continuar sus estudios, terminan empleándose en lo que pueden, en las peores condiciones, por no tener la capacitación ni experiencia, lo que no tiene relación con el nivel de estudios (8 a 9 años), muy superior a las generaciones anteriores.

A los jóvenes que estudian en la educación superior, dos tercios de los cuales lo hacen en instituciones privadas y a un alto costo, el sistema no les garantiza el ejercicio profesional.

 

Esta sociedad es  incapaz de  satisfacer las  necesidades materiales y  las expectativas valóricas y éticas de la juventud. Facilita la aparición de fenómenos patológicos. Un 12 a  15% de los jóvenes son alcohólicos y bebedores excesivos, porcentaje que sube en las áreas urbano-populares a un

28%, acompañado la mayoría de la veces por la adicción o consumo regular u ocasional de drogas, existiendo un 12 y 22% respectivamente de adictos. La prostitución, la delincuencia, la drogadicción, se enmarcan en el ámbito de la exclusión, de la marginación, de la pobreza y, por lo tanto, de la falta de

estímulos, de  la  trastocación de  valores, carencia de  expectativas y  de desarrollo personal.

 

Estos fenómenos son parte del sistema de dominación y formas de enajenar a sectores sustantivos de la sociedad del quehacer social y la lucha por el cambio.

En lo referido a la sexualidad juvenil es grave la falta de educación. La orientación de la salud es primordialmente curativa y no contempla adecuadamente la planificación familiar. Consecuencia de lo anterior anualmente nacen en Chile 38.000 hijos de madres entre 10 y 19 años y se practican 160.000 abortos entre mujeres menores de 29 años, siendo el aborto complicado la tercera causa de muerte entre las mujeres menores de 45 años.

Las mujeres son el 50,6% de la población chilena. La población femenina económicamente activa se ha duplicado en los últimos 20 años, llegando a un tercio de la fuerza de trabajo

empleada. En el 30% de las familias chilenas, la mujer es el jefe de hogar.

La situación de postergación y opresión de la mujer ha estado presente a través de la historia. La sociedad le coarta su propio desarrollo. No existe clara conciencia del problema, sus causas y la búsqueda de soluciones.

En  el  modelo  neoliberal  prevalece  con  mayor  fuerza  este  tipo  de  relaciones.  Continúa

imperando una juridicidad discriminatoria en el trabajo, en el salario y en la vida civil. Es víctima del asedio sexual y debe enfrentar una doble o triple jornada de trabajo. Se menosprecia su rol utilizándola como objeto publicitario, incentivando el machismo.

No cuenta con protección a su maternidad e infraestructura que la libere de sus tareas domésticas. La carencia de una legislación sobre el aborto, obliga a miles de mujeres a hacerlo

en condiciones clandestinas y sin ninguna seguridad sanitaria.

Pese a su papel fundamental en la sociedad, y al incremento de sus responsabilidades sociales, su  participación  en  la  gestión  política  y  en  la  dirección  de  la  sociedad  es  claramente desmedrada, o bien formal y utilitaria.

La infancia es una de las más afectadas por el deterioro social. Según la UNICEF, en 1990, dos

millones y medio, o sea, más de la mitad de todos los niños chilenos, se encontraba en la pobreza. De ellos, cerca de un millón, en la indigencia. Desnutridos, carentes de educación, a menudo sometidos a la violencia o condenados al abandono, constituyen caldo de cultivo de la delincuencia, la mendicidad o la prostitución. Una parte es también víctima de la superexplotación laboral.

El aumento del número y proporción de personas de edad avanzada da origen a nuevos problemas sociales, sin solución bajo el individualismo fomentado por el libre mercado. La

superexplotación del trabajo de los más jóvenes y la continua reducción de los salarios al mínimo, desvaloriza la experiencia y el trabajo de los mayores de 40 y los amenaza con dejarlos fuera del mercado. Aumenta el nœmero de los que sobreviven la edad para el retiro, sin cotizaciones suficientes para acceder a la jubilación.

Se mantiene sin compensar el despojo de la dictadura a los jubilados. Las pensiones están

marginadas del crecimiento económico y de la productividad, aumenta su rezago con respecto a los sueldos y salarios reales. El acceso a las ISAPRES les es prohibitivo y en los servicios públicos, un vía crucis. Hay que declararse indigente, para obtener atención gratuita. La

 

pobreza es más dolorosa en la tercera edad, la que se agrava por la soledad familiar, y por el abandono a que condena el modelo neoliberal, a los que ya no puede explotar.

 

El régimen imperante es un régimen de minoría

 

El marco político en que viven los chilenos es una secuela del proyecto impuesto a sangre y fuego por la dictadura.

El desplazamiento de Pinochet por un gobierno elegido por el pueblo fue un paso democratizador, que no ha sido profundizado.

La mayoría inmensa de los chilenos aspira a que nunca más asole nuestro país el terrorismo

de Estado. Las antiguas tradiciones democráticas fueron afianzadas en la conciencia de millones por la lucha antidictatorial.

Producto  de  la  salida  pactada  entre  el  pinochetismo  y  la  Concertación,  bajo  auspicio imperialista,  se  limitó  desde  sus  comienzos  los  alcances  y  profundidad  del  proceso

democratizador post dictatorial.

 

El nuevo bloque de clase en el poder busca, bajo nuevas formas de dominación, consolidar la esencia del proyecto transnacional. Se persigue establecer un sistema político más reaccionario, que asegure la estabilización indefinida del capitalismo en nuestro país. Esa es la función principal que han terminado por asumir los gobiernos de la Concertación.

 

La burguesía y el imperialismo aprendieron de la experiencia del Gobierno Popular que una democracia amplia y representativa, pone en riesgo su dominación. El bloque dominante desarrolla una nueva concepción institucional más limitada y restringida que la democracia burguesa  que  Chile  construyó  en  el  pasado,  destinada  a  cerrar  el  acceso  al  poder  del movimiento popular.

La Constitución de 1980 ha permitido que permanezcan en el poder antiguos sectores pinochetistas incorporando a la Concertación. Las reformas del año 1989 legitimaron la constitución de 1980.

Las nuevas estructuras conjugan un alto grado de autoritarismo con un débil o nulo control popular. Esto es claro, por ejemplo, en el caso de las FF.AA., del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Seguridad Nacional, de los Senadores Designados. Se han así debilitado los organismos que surgen de la soberanía del pueblo. No se generan paralelamente sistemas de participación efectivos que hagan realidad, más allá del voto, el ejercicio real del poder por la gente.

 

La proclamada disminución del rol del Estado es en realidad la restricción de las funciones de los poderes elegidos por el pueblo y el deterioro de su capacidad jurídica y material para abordar los problemas sociales; mientras, por otra parte, se fortalecen los aparatos represivos y se les asegura autonomía e impunidad. Tal es la esencia del Estado de Derecho emanado de la Constitución de 1980 y refrendado por los gobiernos de la Concertación.

 

Esta nueva conformación de las condiciones de dominación se corresponde claramente con las propuestas imperialistas definidas en “Santa Fé II”, respecto de la necesaria demarcación entre  el  poder permanente (FF.AA.,  Poder  Judicial,  Burocracia),  y  el  poder temporal (el Gobierno, organismos electivos).

La disminución del rol económico del Estado se lleva a cabo mediante las privatizaciones. Además de las realizadas por la Dictadura, la Concertación, violando sus promesas electorales, ha entregado al capital monopólico y transnacional, empresas estatales eléctricas, yacimientos mineros, transporte aéreo, mar’timo y carga ferroviaria, televisión universitaria, de las empresas sanitarias y fuentes de agua. Se impulsa abiertamente la privatización de CODELCO, ENAP, ENAMI; el litoral costero, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, correos, autopistas, túneles, calles y estacionamientos, escuelas, universidades, hospitales y policl’nicos.

Los  servicios  públicos  y  privatizados,  aprovechando  su  condición  monopolista,  elevan  los precios, tarifas, cargos fijos, aranceles, peajes, cuotas y contribuciones, en perjuicio del bolsillo

 

popular, sin tener en cuenta la diferente capacidad de pago de ricos y pobres. Las privatizaciones condenan a los trabajadores a la pérdida de la estabilidad en el trabajo, las conquistas  sociales  y  a  la  indefensión  y  superexplotación.  Constituyen  un  despojo  del patrimonio comœn, formado con el sacrificio de generaciones de chilenos, favorecen la concentración de la propiedad privada, la desigualdad y la acumulación de la riqueza en pocas manos.

Asimismo,  se  consolida  la  autonomía  militar  respecto  del  Estado  Nacional,  mientras  se acrecienta la dependencia de las FF.AA del poder emanado del nuevo orden transnacional. Se instala una nueva concepción militarista. Las FFAA. asumen abiertamente el carácter de instituciones defensoras de un sistema capitalista de sociedad, se autoasignan un rol tutelar

que las coloca por encima de la voluntad popular democráticamente expresada. Se organizan para emplear la violencia contra su propio pueblo. Pretenden reproducir sus mandos al margen de toda incidencia del poder democrático. Las concepciones pinochetistas bloquean toda posibilidad de Fuerzas  Armadas  democráticas. Esto aumenta la influencia del sistema militar imperialista, con evidentes riesgos para la soberanía nacional.

A causa de las Leyes Orgánicas se dificulta modificar y controlar el presupuesto militar. Se

mantiene el privilegio de participación directa de las FFAA del producto de las ventas de la empresa estatal de mayor envergadura: CODELCO-Chile. Más aún, se ha conformado un complejo militar-industrial en que las propias fuerzas armadas pasan a ser actores de la acumulación capitalista.

Los municipios conservan los rasgos autocráticos, tecnocráticos y clasistas, heredados de la dictadura, los que se preservan mediante un sistema electoral para uso de las cúpulas políticas

dominantes. Unas pocas comunas como Las Condes, Providencia o Santiago Centro cuentan con ingresos multimillonarios, mientras centenares de municipalidades están en quiebra o carecen de los recursos mínimos para mantener las escuelas y consultorios a su cargo.

El poder Judicial, gravemente comprometido con las violaciones a los derechos humanos,

permanece como una estructura profundamente autocrática y antidemocrática.

Se desarrolla un proceso de manipulación de las conciencias. Este se caracteriza por el uso de diversas formas de presión psicológica e ideológica incluyendo el miedo a la reedición de las

formas represivas de la dictadura.

Se acrecienta el control del gran capital de los Medios de Comunicación de Masas, ligado al que ejercen las transnacionales a nivel internacional. En la actualidad en sus manos está el 85% de la circulación de la prensa escrita, la mayor parte de la TV, parte importante de las radios de

audiencia nacional y todas las agencias informativas. Así se manipulan las conciencias. No se desarrollan formas efectivas que aseguren el ejercicio del pluralismo ideológico. Cierran y mueren medios de prensa democráticos y se ponen severas trabas a expresiones comunicativas que surgen del pueblo.

La cultura y el arte sufren por la mercantilización a que se somete a los creadores y sus obras.

El Estado renuncia, en favor del mercado, a una política cultural democrática. Gracias a su control de los medios de comunicación y favorecidos por privilegios tributarios, los grupos financieros y las transnacionales se erigen en árbitros de la estética, la moral y la ideología. Mediante una distribución de la riqueza altamente desigual, el libre mercado excluye a la mayoría popular del acceso a los libros, obras de arte, espectáculos culturales y a los centros de formación, frenando el desarrollo espiritual de la nación. Se profundiza la contraposición entre una cultura para ricos y otra para pobres, de baja calidad y manipulada. Los poderes públicos y el  capital  rechazan  a  los  autores  críticos  del  sistema,  fomentan  la  autocensura  y  el conformismo, marginan a los creadores de las regiones y comunas populares. La dominación transnacional avasalla la cultura nacional, aplasta la creación autóctona y exalta valores, modos de vida y consumos estandarizados por las transnacionales.

Complementariamente se busca el sometimiento y control de las organizaciones sociales. Se trata de limitar su acción independiente en el proceso político.

Persiste una legalidad que dificulta la organización social, en especial la sindical y poblacional.

 

Este proyecto se contrapone al interés mayoritario y a la experiencia y al desarrollo político y social de nuestro país. Chile se ha caracterizado históricamente por su trayectoria democrática, en la cual la clase obrera y el movimiento popular,  tempranamente organizados, desempeñaron un  rol

 

fundamental. Ello permitió un grado creciente de organización social y de participación popular a través del sindicato, la organización vecinal, el movimiento estudiantil, femenino, cultural, en el parlamento y el Gobierno. Estas tradiciones, que permitieron la  conquista del Gobierno Popular -el régimen más democrático de la historia de nuestro país- son las que se pretende sepultar, pues constituyen la base para avanzar en una efectiva democratización de nuestra patria.

 

¿Cuál es la contradicción principal del período?

 

La forma de dominación actual es una nueva fase de desarrollo del imperialismo, sustentada por el neoliberalismo económico. El neoliberalismo se identifica hoy no sólo con su expresión económica, sino que con todos los aspectos que conforman la dominación ideológica que ha desarrollado. Así la contradicción fundamental del período es entre esa forma de dominación, en su conjunto, y el proceso de democratización creciente de la sociedad.

 

En el país se ha impuesto y se mantiene un modelo económico neoliberal que ha integrado a Chile en la nueva fase de desarrollo capitalista en beneficio de los conglomerados transnacionales y  de  los grupos económicos internos, atentando contra nuestra soberanía y contrario a los intereses de la gran mayoría de los chilenos: trabajadores, intelectuales, capas medias, pequeños y medianos empresarios, juventud, mujeres.

 

En Chile este modelo se sustenta en una democracia restringida y tutelada que limita la soberanía popular y excluye a la mayoría del ejercicio efectivo del poder.

 

En el terreno económico-social la línea divisoria se expresa entre el dominio del capital extranjero y los grandes intereses económicos internos, por un lado, y las  mayorías nacionales, por  otro, incluida una parte significativa de  la burguesía no monopólica víctima también del proceso de expoliación de parte del gran capital.

 

De otra parte, por el alto grado de internacionalización y transnacionalización existente, la mencionada contradicción adquiere la forma de oposición entre los intereses nacionales y las políticas transnacionales, una expresión significativa del imperialismo contemporáneo.

 

Es imprescindible abrir paso a la unidad de todos los afectados por este proyecto para conquistar una democracia real, nacional, popular y participativa.

 

La revolución democrática

 

 

El capitalismo por esencia atenta contra los estados nacionales. En nuestra época se ha venido estructurando una red de poder supranacional, afín a la transnacionalización  de la economía, cuya hegemonía está en disputa por conglomerados imperialistas, como EUU, la CEE, la asociación Asia-Pacífico, el ALCA. Esta es la expresión de la globalización capitalista.

 

Los restos de los antiguos estados nacionales se ven reducidos a un papel de regulador económico proclive a las clases dominantes.

 

Los grandes progresos sociales y políticos alcanzados en el presente siglo han sido resultado de la  lucha  organizada  de  los  trabajadores,  de  la  unidad  de  las  fuerzas  democráticas  y progresistas. En todo ello la izquierda ha tenido un papel fundamental.

Los comunistas nos pronunciamos por alcanzar un régimen democrático real, no sometido a tutelaje militar, ni a poderes imperiales y empresariales.

Postulamos  la  Nueva  Mayoría  Nacional  como  una  fuerza  política  y  social,  pluralista  y

multiclasista, que se construye en la acción, por obreros, trabajadores, capas medias de la ciudad y del campo, sectores marginados, profesionales, intelectuales, artistas, artesanos, empresarios no monopólicos, minorías étnicas, dueñas de casas, jubilados, miembros de las FFAA y de orden, y la juventud, es decir todos los afectados por el dominio transnacional y la aplicación del modelo neoliberal. No se trata de una simple mayoría numérica y pasiva. Se requiere una mayoría activa, partícipe de un proceso que construya una correlación político- militar favorable al cambio revolucionario.

 

La conquista de la democracia reclamará en un momento histórico, el cambio del carácter de clase del poder. Las reformas que se puedan alcanzar serán siempre precarias, triunfos provisorios, con la reacción al acecho para liquidarlas. Nuestra experiencia demuestra que no basta con conquistar el gobierno. Se precisa que el pueblo conquiste y ejerza la totalidad del poder.

 

En definitiva, los chilenos debemos resolver las tareas históricas de una revolución democrática, popular, nacional, antiimperialista y antioligárquica. Será el resultado de la unidad y de la fuerza del pueblo que deberá disponer de toda su capacidad para hacer cumplir el  pleno ejercicio de su voluntad soberana y garantizar su afianzamiento. Su culminación exitosa despejará el camino hacia el socialismo, en tanto etapa superior de democracia. Democratización y recreación de una alternativa revolucionaria, son parte de un mismo proceso.

 

Esta nueva democracia se construirá en el combate diario de los más amplios sectores por sus revindicaciones sociales, económicas y políticas, en la defensa de los valores éticos y la superación de la crisis moral de la sociedad actual. Procurará llevar siempre adelante su programa de cambios, por la vía de profundizar la democracia y conquistar espacios de representación en la base social y en el propio Estado. A la vez exigirá y, si es necesario impondrá, el respeto de las normas democráticas, por todos los actores, sin excepción.

 

Los partidos políticos de izquierda, tienen la responsabilidad principal en la construcción de esta alternativa. Tenemos en común una rica y fructífera historia y tradición de lucha en favor de todas las grandes causas del pueblo chileno, hemos compartido la dirección del movimiento popular, participado juntos en tareas de gobierno y resistido también juntos las persecuciones.

 

Estamos por la unidad de la izquierda con todas las fuerzas de avanzada y progresistas opuestos al sistema neoliberal, guiadas por una dirección compartida, con una estrategia y táctica común, considerando la diversidad de

 

pensamiento de sus integrantes, marxistas y  cristianos, revolucionarios y reformistas, humanistas, ecologistas y librepensadores. Recrear una propuesta de izquierda, democrática, nacional, antimperialista, con vistas al socialismo y acorde con las nuevas condiciones nacionales e internacionales es un factor decisivo para construir esa nueva alternativa.

 

Su desarrollo debe posibilitar la integración creciente de la población a un compromiso social y político de avanzada que les permita descubrir las potencialidades de esta alianza.

Un componente fundamental de la Nueva Mayoría Nacional la conformarán las organizaciones sociales, en primer término, el movimiento sindical.

Postulamos una organización sindical unitaria, por empresa, rama y nacional. La meta es que la

gran mayor’a de los trabajadores asalariados del país estén afiliados a los sindicatos. Para ello es indispensable garantizar los derechos a la sindicalización, la negociación colectiva y a la huelga. Aspiramos a un movimiento sindical clasista, independiente de los patrones y del gobierno de turno. Respetamos el pluralismo político e ideológico dentro de los sindicatos, los que deben regirse por normas democráticas. Para superar la crisis que lo afecta, el sindicalismo requiere una estrategia combativa, frente al capital; ampliar su actividad al campo político, asumir la lucha por la democratización del país, elevar la solidaridad de clase, ganar para sus causas a la familia, al vecindario, y a otras organizaciones sociales, como asimismo, solidarizar con ellas. La solidaridad y la coordinación internacional del movimiento sindical se hace indispensable, a medida que avanza la transnacionalización y la globalización de la economía.

La Nueva Mayoría Nacional debe integrar creadoramente a corrientes de diferente orientación política, filosófica y religiosa, en particular, al pueblo cristiano.

En Chile grandes sectores de la población son creyentes. Es muy significativa la presencia de la Iglesia Católica cuya gravitación de masas creció en la defensa de los derechos humanos. También ha aumentado la relevancia de otras iglesias. La presencia activa de los creyentes es por tanto condición de existencia de todo movimiento mayoritario.

En la perspectiva de ir creando un acuerdo cada vez más vasto, se ubica la relación entre la izquierda y el centro pol’tico. Esta deberá darse en torno a acciones concretas que favorezcan la democracia y allanen el camino para alcanzar cambios económicoÐ sociales de fondo.

El avance democrático se enfrentará a la permanente resistencia de la reacción interna y el

imperialismo. Cursará en medio de contradicciones, a veces atenuadas, otras muy agudas, cuya resolución exigirá, en todos las circunstancias, la activa participación de las masas y el empleo de su fuerza en diversas formas.

En su oposición a la formación de una Nueva Mayoría Nacional y al surgimiento de un nuevo poder, los sectores reaccionarios continuarán empleando el anticomunismo. Denigran el socialismo, a pesar de su supuesta derrota definitiva.

Ante la incapacidad por satisfacer las necesidades materiales y las aspiraciones culturales de las

grandes masas, los ideólogos del capitalismo se cruzan en el camino de cualquier proyecto de liberación del hombre y de los trabajadores, promueven la pasividad y el escepticismo, la no participación de la gente en la solución de sus asuntos, alientan el individualismo y degradan la solidaridad. Todo ello se reviste de un engañoso lenguaje tecnicista, de la alabanza al pragmatismo y al modernismo. Es la esencia de las concepciones neoliberales. Es una tarea ideológica de la mayor importancia derrotar estas concepciones, que conducen a la impotencia del hombre para pensar en su país y pensarse a sí mismo en libertad real.

Las formas y métodos de lucha que la mayoría popular desarrolle en su camino al poder serán siempre de masas y estarán definidos por el grado y la forma de resistencia que opongan las clases dominantes, por la fortaleza que alcance el movimiento social, en estricta consonancia con el humanismo y la moral que inspiran las fuerzas democráticas. Al mismo tiempo deberá transformar en este proceso los aparatos ideológicos, como un desafío permanente de su lucha

liberadora.

 

Construir un poder de mayoría es un camino de creación. Para que la revolución triunfe, ella debe resolver permanentemente en forma favorable para el pueblo, el problema del poder de Estado y la conquista de la conciencia y voluntad de millones de chilenos.

 

Aspiramos a construir un nuevo Estado Nacional, Social y Democrático, independiente y  soberano, que  se  sustente en  una  nueva Constitución propuesta por una Asamblea Constituyente, que ponga fin a la herencia institucional dictatorial, establezca un sistema electoral democrático y proporcional, reforme el Código del Trabajo, cree la Institución del Defensor del Pueblo para garantizar los derechos ciudadanos y defender a los usuarios ante las empresas de servicios que actúan como juez y parte en los conflictos.

 

Un Estado multiétnico, que reconozca a los pueblos aymará, atacameño, pascuense y kawaska, así como la autonomía política y cultural del pueblo mapuche, sus tierras y cultura, costumbres, lenguas y tradiciones.

 

Un Estado inserto en la comunidad mundial con identidad propia, e integrado en un frente común con los países de América Latina, lo que significa privilegiar tratados como el Mercosur, en vez de tratados de libre comercio con Estados Unidos.

 

Que promueva la descentralización real, basada en la elección universal de los órganos de poder provinciales y regionales, en un rol mayor de las comunas y los Municipios, en la participación del pueblo a través de plebiscitos, en la planificación territorial, en  el  desarrollo de  empresas regionales, creando recursos financieros propios, y procesos de integración con las regiones de los países hermanos, por ejemplo a través de los corredores bioceánicos.

 

El Estado Democrático asegurará la verdad y justicia plenas en el campo de los derechos humanos, anulando la Ley de Amnistía, pondrá fin a la tortura, liberará los presos políticos, normalizará la situación de los más de 1500 chilenos con procesos pendientes en la justicia debido a su participación en la lucha democrática, 500 de los cuales tienen órdenes de detención, reconocerá a los exonerados políticos solucionando sus demandas, aprobará una ley de defensa de los derechos y libertades ciudadanas, reemplazará el Servicio Militar Obligatorio por uno voluntario, garantizará la igualdad y no discriminación de las mujeres, jóvenes, homosexuales, lesbianas y personas que hallan cambiado de género.

 

 

 

 

Transformar el sistema político

 

Las grandes mayorías deben ser protagonistas centrales del quehacer político, económico, social y cultural. Es imprescindible rescatar plenamente la soberanía nacional, asegurar el absoluto respeto de la soberanía popular, elevar la participación y el papel de las organizaciones de masas generando un nuevo poder político.

 

La organización, la participación y el control son el alma de una democracia real, popular y nacional.

 

El poder de mayoría se basará en la más alta y real participación de la población, con capacidad decisoria -en la definición de los asuntos y políticas municipales, regionales y  nacionales- por parte de las organizaciones de trabajadores, juntas de vecinos, uniones comunales, entidades sociales, culturales, deportivas, femeninas, juveniles, etc.

 

El desarrollo de las organizaciones sociales es indispensable en la red de participación y es germen del autogobierno. Su autonomía e independencia del Estado y de los Partidos Políticos debe ser garantizada.

Chile requiere una nueva Constitución Pol’tica, que surja de la participación de todos los chilenos, a través de un plebiscito, una Asamblea Constituyente u otro mecanismo que exprese

efectivamente la soberan’a popular. Ningún poder tendrá legitimidad si no emerge del pueblo. Propiciamos un Estado democrático , participativo, unitario, que implementando un proceso de desconcentración  y  descentralización,  logre  un  desarrollo  armónico  del  territorio  nacional. Estamos por un aparato estatal no burocrático que en forma eficiente y, salvaguardando los intereses de las grandes mayor’as nacionales, dirija económica, política y socialmente el país. El

sistema  político  debe  ser  plenamente  representativo,  ampliamente  participativo  y  debe garantizar una adecuada distribución de las responsabilidades y atribuciones entre los distintos poderes.

Todas  las  autoridades  electas  deben  estar  supeditadas  al  control  popular,  rendir  cuenta

periódica de su gestión, facultándose al electorado para revocar sus mandatos. Asimismo las autoridades no electas deben estar sometidas al control real del Parlamento o del Poder Ejecutivo; evitando así la constitución y ejercicio de poderes fácticos por encima del poder elegido por el pueblo.

El Parlamento deberá ser totalmente elegido y reflejar proporcionalmente el pluralismo de la sociedad. Deberá ser un organismo con poder e iniciativa legal efectivos, al mismo tiempo que un organismo que controle el desempeño del resto de los Poderes.

El gobierno regional ha de adquirir una mayor descentralización y autonomía, frente al poder

central, sin llegar al federalismo; debe contar con recursos adecuados y seguros para ser eficaz. Las grandes empresas debieran entregar aportes de acuerdo con lo que obtienen de la región. Las Corporaciones Regionales (CORE) tienen que democratizarse, para ser expresión de los distintos sectores sociales.

Necesitamos   gobiernos   municipales,   dotados   de   atribuciones   y   recursos   suficientes, verdaderamente representativos de todos los sectores sociales, políticos e ideológicos. Una ley

de elecciones, realmente democrática, debe asegurarlos. Los Consejos Económicos y Sociales (CESCO) deben integrar a todas las organizaciones sociales. El Estado debe asegurar a las comunas catalogadas en el área de pobreza, de los recursos extraordinarios para superarla y proveer a un reparto equitativo de las contribuciones y otros impuestos generales.

Es  necesario  implementar  constantemente  nuevas  fomas  de  democracia  directa.  Así,  el

plebiscito debe instituirse para dilucidar conflictos entre los poderes públicos y la resolución de asuntos de interés nacional, regional o comunal.

 

Democratizar el Poder Judicial

 

La garantía de la gestión democrática del poder judicial debe esta dada por el control que los ciudadanos ejerzan sobre él. Sin perjudicar la autonomía de la justicia, un Consejo Nacional de Justicia, ampliamente representativo, gestado con la participación del Estado, el Parlamento, los Colegios  Profesionales,  las  organizaciones  sociales  y  sindicales,  actuará  como  organismo superior para garantizar el acceso igualitario, oportuno y expedito a ella, de todos los ciudadanos.

La democratización en la elección de los miembros del Poder Judicial en las distintas instancias deberá garantizar la probidad de los mismos y su absoluta independencia para emitir fallos.

El establecimiento de Tribunales vecinales, de un Sistema Nacional de Asistencia Judicial así

como de procedimientos públicos, verbales y sumarios, tenderán a mejorar la eficiencia y expedición de la justicia.

Los tribunales militares deben reducir su acción a la esfera propiamente militar.

Se debe crear, con rango constitucional, la institución del Defensor del Pueblo, electo democráticamente, dotado de recursos y atribuciones que le permitan supervisar todos los órganos de poder y aparatos del Estado, para asegurar el derecho de las personas frente a todo abuso, o falta en el cumplimiento de los deberes de dichos organismos o sus integrantes.

 

La democratización de las Fuerzas Armadas

 

La defensa nacional es responsabilidad de todos los chilenos, su deber y su derecho. Las Fuerzas Armadas no son en sí las garantes de la democracia, son sólo un aparato especializado que se debe a la sociedad y al pueblo. Su misión es el resguardo de la soberanía territorial y su participación activa en el desarrollo nacional en función de sus capacidades y especialidades. Deben estar supeditadas a las autoridades elegidas por voluntad popular y desenvolver sus tareas de acuerdo con una nueva Doctrina Democrática de Defensa Nacional. Se requiere que sus miembros sean formados en los valores democráticos, en el respeto al ser humano y al pueblo. Deben ser profesionales, jerarquizadas, eficientes y modernas.

 

Es fundamental erradicar la Doctrina de “Seguridad Nacional” y el asignado rol tutelar de las FFAA, que las faculta para ejercer la violencia contra las mayorías e impone límites arbitrarios a la soberanía popular. La desmilitarización de la vida nacional es un imperativo democrático. El delito de sedición debe ser severamente sancionado.

Para garantizar su carácter nacional se pondrá fin a los tratados que las comprometen con los intereses imperialistas y se fomentarán amplias relaciones internacionales.

Los militares tendrán derecho de opinión política fuera de los cuarteles, sin perjuicio de la

disciplina propia de las instituciones, dejando esto de ser monopolio del alto mando en sus conexiones con los círculos más retardatarios del país.

La dependencia y el nombramiento de los Comandantes en Jefe de las FFAA deben asegurar su supeditación a la voluntad popular.

El  financiamiento  de  las  FF.AA.  debe  atender  sus  necesidades,  en  conformidad  con  las

prioridades sociales y el desarrollo nacional.

Dada la experiencia vivida por miles de jóvenes en los últimos años con el Servicio Militar Obligatorio, que ha llevado a varios de ellos al suicidio, planteamos el término de éste en su actual forma y su reemplazo por el Servicio Militar Voluntario o Alternativo. Respaldamos la objeción de conciencia.

Han de eliminarse las discriminaciones sociales e ideológicas para garantizar el acceso democrático a las FFAA y sus escuelas, terminando con la selección del ingreso asociada a la

capacidad económica de los postulantes.

 

 

 

 

Una concepción democrática de la seguridad ciudadana

 

El Estado con la más amplia participación de las organizaciones sociales deben implementar un sistema que garantice la seguridad a todos los ciudadanos en el ejercicio de su vida personal, laboral y social.

Las fuerzas policiales han de estar subordinadas a las autoridades democráticas, garantizándose el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus tareas. Su misión es resguardar el orden público.

La delincuencia será abordada atendiendo en primer lugar sus causas económico sociales: la

extrema pobreza, las grandes desigualdades, la cesantía, la marginalidad, la destrucción de valores, a la cual contribuyen los medios de comunicación cuando exaltan la violencia, el consumismo y el individualismo.

Las medidas policiales estarán enmarcadas en la doctrina democrática de seguridad ciudadana que da prioridad a la prevención de delitos, priorizando las medidas educativas y no punitivas. La lucha contra la delincuencia debe promover la participación consciente de los ciudadanos y de las organizaciones sociales en la prevención, control y sanción de los delitos.

El sistema carcelario será reformulado, en forma tal que permita una efectiva rehabilitación, a través de un programa dotado de los medios científicos, técnicos, humanistas, que garanticen una efectiva reinserción social.

 

Un Proyecto Nacional de Desarrollo

 

Nuestro concepto de economía eficiente, moderna y desarrollada es inseparable de la justicia social, de la liquidación del desempleo masivo y del trabajo precario. Está ligado a la elevación de los niveles y calidad de vida del pueblo.

 

Propiciamos una economía al servicio del ser humano que se exprese en un Proyecto Nacional de  Desarrollo. Superar la  dependencia y  resolver las necesidades de la mayoría exige cambiar el modelo económico neoliberal, enfrentar con determinación al poder del gran capital y sus privilegios, poner en práctica una política global dirigida a desarrollar la soberanía nacional y promover un mayor entendimiento e integración de los paises de América Latina.

 

La inserción del país en el proceso de internacionalización, proceso que corresponde a una necesidad, se puede hacer en función del desarrollo de Chile y de mejores condiciones de vida para los chilenos. No es fatal que ocurra bajo el interés de las transnacionales.

 

 

 

 

Objetivos primordiales de ese proyecto serán:

 

  • Poner el centro de la regulación de la economía en Chile y terminar con los dictados del

FMI y el Banco Mundial.

  • Orientar la integración a la economía mundial, desde una perspectiva propia y no de las conveniencias de las transnacionales. Poner fin a la exación que implica el pago de la

deuda externa.

  • Terminar con la pobreza que afecta a millones de chilenos, garantizando el progreso material y espiritual de la gente y asegurando una justa distribución del ingreso.
  • Reconocer el trabajo en todas sus formas como motor de desarrollo del país y a los trabajadores como los creadores de la riqueza social.
  • Asegurar una creciente participación popular y el  impulso a  formas económicas

comunitarias en la distribución y la economía familiar.

  • Preservar el medio ambiente y desarrollar tecnologías alternativas.
  • Incrementar el desarrollo científico-tecnológico propio.
  • Favorecer la integración latinoamericana, decidida y audazmente, en beneficio del desarrollo de la región y las necesidades de nuestros pueblos.

 

El Proyecto Nacional de Desarrollo es un conjunto integrado de programas, revisado periódicamente, para ajustar diagnóstico y pronóstico, meta y resultados. Se trata de configurar el perfil productivo, económico y social de Chile a mediano y largo plazo. Ha de contemplar las aspiraciones y necesidades de los chilenos, expresadas democráticamente; los recursos, los esfuerzos a realizar conjuntamente y la repartición equitativa de sus frutos.

El Estado Democrático ha de cumplir un rol activo, insustituíble, para incentivar y controlar sus resultados,  conjugando  mecanismos  económicos,  financieros  y  mercantiles,  así  como

administrativos y legales; combinar las ventajas de la planificación y el mercado; contemplar las necesidades internas y la necesaria integración en la economía mundial. El P.N.D. deberá proveer las medidas para la reestructuración permanente de la economía nacional, en consonancia con los avances tecnológicos y los cambios en las tendencias mundiales.

La reconversión productiva debe efectuarse asegurando la recapacitación, la disponibilidad de

nuevos puestos de trabajo, en cantidad y calidad, acorde con el cierre y apertura de nuevas actividades y la seguridad que demandan las familias y la región afectada.

Requisito básico para materializarlo es un Programa de desarrollo Científico-Técnico, que debe fijar etapas y metas en materia de formación científica, desarrollo de la ingeniería nacional,

 

ampliación de la investigación y experimentación, la adaptación y creación de tecnologías en las principales avanzadas del conocimiento: informática, biología marina, biotecnología, ingeniería genética. Todo ello exige una expansión masiva e integral de la educación, elevación de los niveles de calificación y formación técnico profesional de las grandes masas juveniles hoy marginadas.

En contraposición con la tendencia a una peligrosa dependencia de hidrocarburos importados, Chile necesita asegurar una base energética propia, nacional. Las disponibilidades no pueden quedar sujetas a los vaivenes cortoplacistas del mercado. Se necesita un plan energético a largo plazo que evalúe fuentes y usos, revalorice nuestros yacimientos carboníferos y aproveche las grandes reservas hidroeléctricas. A la vez, ponga en marcha un programa sistemático de

ahorro de energía, incorpore las fuentes solares, eólicas, geotérmicas, de biomasa y nucleares. Todo ello, con respeto a la naturaleza y la vida de la población. La privatización de la industria eléctrica y otras fuentes de energía, ante el inmenso poder económico que representa su propiedad, es incompatible con su carácter estratégico para la subsistencia e independencia nacional.

No hay modernización ni inserción internacional estable, sin una política industrial estatal, activa

y deliberada. Así lo han confirmado los países asiáticos, anteriormente subdesarrollados. El modelo neoliberal ha frenado la industrialización nacional. No basta el uso de maquinaria y procesos tecnológicos avanzados, ni menos, el mero ensamblaje de piezas importadas. Tanto más negativo, si dependemos del inestable y limitado mercado de materias primas y de la sobreexplotación del trabajador y de la naturaleza. Chile, puede convertirse en exportador preferente  de  insumos,  procesos,  partes  y  productos  acabados.  Hay  que  organizar  la elaboración superior de nuestras productos básicos y avanzar en la fabricación de equipos automatizados para la minería, bosques, pesca y otras ramas. Se necesita un Plan de Industrialización que fortalezca la capacidad e independencia de las empresas nacionales. Un Plan que nos permita participar en algunas de las industrias del futuro. Hay que retomar el papel de avanzada cumplido por la Corfo, en la creación de nuevas ramas.

Los tratados de libre comercio, (Ronda Uruguay del GATT, TLC con Estados Unidos y otros)

plantean amenazas mortales a gran parte de la pequeña y mediana agricultura. Para enfrentar los  procesos  de  pérdida  de  la  tierra,  cesantía,  emigración  forzosa,  acaparamiento  de  la propiedad y desnacionalización, se requiere un Plan Nacional de Defensa de la Agricultura Nacional. Debe contemplar programas masivos de ayuda para la mayoría de las 250 mil familias campesinas y no proyectos-vitrinas para reducidas clientelas electorales. Las más de cien comunas rurales, reconocidas de extrema pobreza, deben tener prioridad. Se requiere poner a la disposición de los campesinos la capacitación y educación técnico profesional, la transferencia tecnológica, el financiamiento a corto y largo plazo, la electrificación, la telecomunicación, la vialidad rural, los subsidios habitacionales y hacerlos tomar parte activa en la conservación de la naturaleza. Se necesita una red de poderes compradores y de comercialización, con su respectiva infraestructura, administradas por los propios campesinos, por medio de asociaciones o cooperativas. Las aguas de regadío deben volver a ser bienes nacionales de uso público. Hay que crear el Fondo Nacional de Tierras y derogar el Decreto 208 de la Dictadura. Las organizaciones campesinas han de tomar parte activa en los planes gubernamentales y en su ejecución.

Los asalariados agrícolas deben tener derecho a la negociación colectiva de sus remuneraciones y condiciones de trabajo. Por sus períodos de inactividad necesitan el subsidio de cesantía.

Deben reestablecerse los derechos y garantías sindicales alcanzadas antes de la dictadura y ampliarse en relación a las necesidades de la mujer y la salud de los trabajadores.

El simple crecimiento del producto nacional sin consideración del costo ecológico nos puede

conducir a una catástrofe. Hay que rechazar el criterio de un patrón ecológico mínimo, para no encarecer nuestras exportaciones. Tampoco es racional el principio neoliberal de que el que paga pueda contaminar, (los llamados “permisos transables de contaminación”). El desarrollo económico  sustentable  requiere  de  prohibiciones,  sanciones  y  estímulos  justos.  Estricta vigilancia debe existir ante la importación de insumos tóxicos o medicamentos ya prohibidos en otros países.

Hay que revertir las privatizaciones y volver al dominio de la nación de las reservas minerales, las fuentes de agua, el litoral, las riberas, los bosques nativos, y determinados espacios urbanos de uso  público. La concesión de su uso puede tener diversas modalidades, pero con la

exigencia de la preservación, el mejoramiento del medio ambiente y el acceso de todos a su

 

usufructo. Hay que reformar la ley 19.300, del Medio Ambiente, y ponerla en consonancia con las normas establecidas por legislaciones avanzadas. Se requiere una ley de defensa del bosque nativo. Se necesitan planes concretos para la purificación de las aguas servidas, el procesamiento racional de los desechos y basuras, la limpieza del aire en las ciudades y campos, la recuperación de los desiertos, la supervivencia de especies marinas. El reciclaje ecológico debe contemplarse como un programa productivo. Son indispensables las campañas informativas y educativas con la participación de las organizaciones sociales. En el país deben permanecer variadas formas de propiedad, en correspondencia con el desarrollo de las fuerzas productivas y en interés del desarrollo social. El proceso de democratización reclama generar formas de propiedad, de gestión y distribución que reduzcan los niveles de explotación de los asalariados y contribuyan a una creciente justicia social. Los comunistas postulamos una competencia sana y regulada que estimule la elevación de la productividad y la mejor satisfacción del consumidor.

En aras de hacer efectivos los intereses de la nación, las libertades públicas, los derechos de los trabajadores, de los consumidores y de los pequeños empresarios, es indispensable terminar con la concentración privada de la riqueza del país. Hay que dispersar o desconcentrar el poder

económico de los grupos financieros que se han repartido, en gran parte mediante las privatizaciones,   las   más   grandes   empresas   del   país.   Se   necesita   una   efectiva   ley antimonopolios. Son áreas estratégicas que deben volver al patrimonio nacional, las grandes empresas que explotan recursos naturales fundamentales, las industrias básicas de exportación, las fuentes de energía, las telecomunicaciones, el transporte aéreo y marítimo, y el sector financiero. La inversión extranjera es aceptable cuando aporta tecnología, mercados, y fuentes

de empleo, sin intervenir en los asuntos internos.

La respuesta más efectiva para sustituir los monopolios capitalistas es la empresa de propiedad social, dotada de nuevas modalidades de administración, que amplíen la participación de los trabajadores y que vinculen la productividad y rentabilidad a los ingresos de su personal. Será posible la participación en la propiedad de dichas empresas por parte de los trabajadores y de otros sectores de la sociedad.

Las empresas de propiedad social deben ser modernas, eficientes y rentables, sin trabas burocráticas, incorporando en su dirección la representación de trabajadores, proveedores y usuarios.

Además de las empresas estatales, favorecemos múltiples otras formas de propiedad social:

empresas   dependientes   de   las   administraciones   Regionales   y   Municipales,   servicios comunitarios en Unidades Vecinales y grupos poblacionales para satisfacer las necesidades colectivas.

Debe estimularse y protegerse el movimiento cooperativo y las empresas de trabajadores, con una legislación específica, particularmente entre los campesinos pobres, artesanos, pirquineros y trabajadores por cuenta propia y potenciar su contribución al desarrollo nacional.

La empresa privada no monopólica está llamada a cumplir un importante papel. El Estado

facilitará su gestión en las múltiples actividades donde desenvuelva sus iniciativas. Podrá acceder también a la administración de empresas de propiedad pública, por medio de arriendo o concesión, otorgados en licitación.

El sistema financiero debe ser liberado del control que ejercen unos pocos grupos privados y el capital transnacional y ser colocado al servicio de la democratización de la economía. Es necesario  establecer  mecanismos  diversos  que  aseguren  la  inversión  para  un  desarrollo

económico nacional independiente, con una administración transparente y democrática. El secreto bancario debe ser eliminado para asegurar la ética de la función empresarial, social y privada.

La  política  tributaria  será  un  factor  de  la  distribución  equitativa  del  ingreso  nacional,

privilegiando los impuestos directos y progresivos.

Será necesario terminar con la concentración capitalista de la propiedad del suelo agrícola, asegurando el acceso de los trabajadores a la propiedad individual o colectiva de la tierra, la

que debe ser protegida contra los métodos capitalistas expropiatorios.

Debe liquidarse el atraso rural mejorando las condiciones de vida del campo, particularmente en materia de infraestructura y servicios públicos.

 

Una política social de mayoria

 

Sólo un nuevo Poder de Mayoría permitirá terminar con la pobreza y sus formas extremas. Para esto, no bastan los programas selectivos o focalizados. El salario y la pensión mínima deben calcularse de acuerdo con las reales necesidades básicas del ser humano, incluídas la recreación y la cultura. Nadie debe quedar por debajo de tales mínimos. Los programas sociales, particularmente la educación, la salud, la vivienda deben beneficiar a toda la población bajo los índices de pobreza. El sólo crecimiento económico no basta. Se necesita un amplio programa de redistribución de ingresos. La eliminación de la extrema pobreza demanda, a su vez, el fin de la extrema riqueza. La expansión de las empresas del área social, la política tributaria progresiva, la política anti-monopolio, el desestímulo a la ganancia especulativa y excesiva, la reordenación del presupuesto estatal para reducir el gasto militar y suprimir el derroche, el fomento de la solidaridad y la justicia social son componentes insustituíbles de un plan para acabar con las agudas desigualdades existentes en Chile.

 

El  actual  sistema  previsional,  basado  en  las  AFP,  requiere  profundas  reformas.  Su administración debe dejar de ser fuente de lucro y poder económico de los grupos financieros. Las inversiones de los fondos no pueden estar sujetos a la especulación bursátil, dentro o fuera del país, sino contribuir al desarrollo de áreas de interés nacional. Debe ponerse fin a la evasión de las cotizaciones. Los afiliados deben tener voz y voto en la política de inversiones. Los empresarios deben aportar al fondo jubilatorio.

La seguridad social que debe cubrir todas las contingencias de la vida humana, es una responsabilidad colectiva y no simplemente un ahorro individual. Hay que rebajar la edad para

jubilar y asegurar para todos el acceso a una pensión, a partir de cierta edad, cuando los recursos individuales no lo permiten. El estado debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y su mejoramiento en relación al progreso económico general.

Propiciamos  la  estructuración  de  un  Sistema  Nacional  de  Salud  mixto,  intersectorial  y

participativo, donde el sector público sea lo fundamental, asegurando los recursos materiales y humanos para la prevención, protección, atención equitativa y oportuna de la gran mayoría que no pueda acceder a la medicina privada. La participación de los profesionales, trabajadores y organizaciones vecinales debe hacerse efectiva en todo los niveles del sistema de salud.

Debe garantizarse la descentralización de la gestión, su regionalización y democratización sectorial.

Un Fondo Nacional Previsional de Salud, de gestión pública, administrado por los imponentes

con asesoría del estado y operación descentralizada, de carácter universal y solidario, conformado por los aportes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado sera la base del financiamiento del Sistema. Los seguros privados, como las ISAPRES, seguirán existiendo para el financiamiento de prestaciones adicionales asumidas por quien quiera y pueda hacerlo y con recursos distintos a los del Fondo Nacional.

Una política democrática debe encaminarse a garantizar vivienda digna de cada familia. Es preciso recuperar el rol constructor del Estado, contemplar mayores recursos del presupuesto y

emprender un plan nacional destinado a resolver en breve plazo el déficit habitacional.

Una nueva politica habitacional participativa debe considerar la generación de formas diversas de autoconstrucción, cooperativas y otras, así como un nuevo sistema de financiamiento.

El costo de los dividendos debe ser proporcional a los ingresos y contemplarse subsidios en

caso de cesantía.

La  educación  debe  ser  preocupación  preferente  del  Estado,  asignándose  los  recursos financieros a tal efecto. Nadie debe ser privado del derecho a la educación por falta de medios económicos. Las familias de menores recursos deben contar con ayuda para la formación de sus hijos y asegurarse, a lo menos, el l00% de asistencialidad escolar en desayunos.

Se garantizará una enseñanza pluralista, científica, profesional -en permanente modernización y de igual calidad para todos- que forme ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, al

servicio de los intereses nacionales, con altos valores morales. El sistema se encaminará a

 

garantizar que la selección sea sobre la base de la capacidad intelectual y no la económica y deberá considerar distintos canales de incorporación a la vida laboral.

Se establecerá la participación de los trabajadores de la educación y las organizaciones sociales en  la  política  y  administración  educacional.  Se  garantizará  la  estabilidad  de  la  carrera

magisterial y académica, asegurando a los educadores condiciones dignas de vida y de trabajo independientemente del tipo de establecimiento educacional en que se desempeñen. En el sistema de educación podrán coexistir diversos tipos de establecimientos, según sea su dependencia administrativa y educacional. La enseñanza particular será entendida en función de ofrecer distintos proyectos educativos, asegurando el cumplimiento de las normas fundamentales definidas por los organismos participativos y garantizadas por el Estado en su

función reguladora.

Se requiere atender a las necesidades de desarrollo cultural global de nuestro pueblo. Para ello es necesario que el Estado asuma esta responsabilidad, que es una clave estratégica para el progreso de la nación. Las universidades y otras instituciones de Educación Superior estatales deben constituír el más fuerte pilar de un Sistema Nacional, tanto a nivel de la excelencia de sus funciones, como de los recursos de que disponga. Esta es la mejor garantía de que se

respete a todos la educación como un derecho y no sea considerada un privilegio.

Postulamos la constitución de un Sistema Nacional de Educación Superior que englobe a universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, centros de investigación, escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Sus funciones básicas son las de aprehender el desarrollo del conocimiento humano en general y su reproducción, elaborando los propios fundamentos de nuestro desarrollo nacional independiente.

Su regulación y orientación general se establecerá a través de un Consejo Nacional de la Educación Superior y de Consejos Regionales, generados democráticamente. De la misma manera concebimos el cogobierno en cada institución, como expresión de la participación efectiva de académicos, estudiantes y funcionarios.

El Consejo Nacional supervisará la calidad de la educación, fijará las prioridasdes formativas de

acuerdo a las necesidades del desarrollo nacional, evitando la proliferación innecesaria de instituciones de educación superior y de carreras, buscando garantizar que los egresados, profesionales y académicos, puedan cumplir su función social.

El arte y la cultura deben estar crecientemente al alcance de las grandes mayorías.

La política cultural debe considerar el conjunto del proceso de formación de valores, eliminar los rasgos  autoritarios  y  deformantes  de  los  sistemas  de  comunicación,  relevar  la  identidad

nacional y latinoamericana. Debe fomentar la creación, la protección del artista y eliminar los impuestos que definen la cultura como una mercancía. Al mismo tiempo, precisa impulsar la extensión y difusión que coloque la creación al alcance de las mayorías y permita la amplia expresión del arte y la cultura popular, para lo cual la sociedad garantizará las condiciones e infraestructura necesarias.

El uso de los medios de comunicación en el desarrollo cultural, la difusión de la creación

mundial y nacional, el impulso a la producción editorial, del cine, del teatro, de los espectáculos y exposiciones de acceso masivo, así como el fomento al desarrollo de las aptitudes artístico culturales de cada persona serán elementos sustantivos en la perspectiva de la formación plena de cada chileno.

El deporte, la recreación y el turismo, como aspectos del desarrollo integral del ser humano serán preocupación del poder de mayoria.

Una política deportiva que considere adecuadamente el desarrollo del deporte de masas y la preparación de los deportistas destacados, permitirá el desenvolvimiento más pleno de cada chileno desde la niñez a la tercera edad y asimismo superar el retraso del país en el deporte de alta competencia.

El descanso como un derecho de todos los chilenos exige generar las estructuras necesarias

para ello. Se debe estimular el empleo creador del tiempo libre.

Los medios de comunicación, por sus múltiples implicaciones en la politica, la economía, la ética y la cultura serán democratizados.

La democratización de estos medios reclama la participación de sus trabajadores y de las organizaciones sociales en la propiedad y orientación de sus contenidos. Es preciso asegurar una regulación equitativa del sistema de avisaje a traves de mecanismos de distribución y redistribución  de  la  publicidad.  Es  necesario  apoyar  el  desarrollo  de  medios  de  prensa

comunitarios y regionales.

 

La televisión debe ser reorientada, asegurando la difusión de la información y las ideas de los más diversos sectores sociales y políticos. La propiedad de los canales debe ser nacional y en su dirección deben participar sus trabajadores. Asimismo el Consejo Nacional de Televisión, encargado de regular el sistema, debe ser democráticamente constituído. Entre sus funciones estará el impedir la formación de monopolios privados en los medios de comunicación.

 

Propiciamos una  política de  comunicaciones que  surja  del  debate y  la participación popular y que promueva efectivamente la identidad nacional, los valores de la solidaridad, la igualdad, los derechos humanos garantizando la pluralidad ideológica, sin exclusión.

 

La composición de la población chilena es multiétnica. Conviven en nuestro territorio diferentes pueblos con identidad propia, que debe ser reconocida legalmente en los ámbitos de sus decisiones autónomas, su participación política en los asuntos generales del país y en la propiedad de los territorios que ocupan comunitariamente.

El Estado deberá promover para los pueblos mapuches, huilliches, aymaraes, pascuenses, atacameños, y kadawaskar, políticas de desarrollo global en lo social, económico e institucional. Como expresión del reconocimiento multiétnico de nuestra sociedad, se les debe asegurar su más activa participación y protagonismo, que eleve su nivel de vida, garantice y proteja su patrimonio territorial , cultural y ecológico.

El Estado democrático asegurará bases para grantizar el ejercicio de la igualdad de derechos y oportunidades para ambos sexos, incluso en el hogar,eliminando las discriminaciones jurídicas y culturales que aún pesan sobre la mujer.

La profundización democrática requiere relevar las funciones específicas de la mujer en la

reproducción social, asumiendo la libertad de ella como fuerza transformadora de la sociedad, a través de su participación activa en la vida social y política del país.

Se tomarán las medidas legales, económicas y sociales que consideren la doble condición, de madre y trabajadora, de la mujer.Asimismo se promoverá el desarrollo de servicios que liberen a la mujer y a la familia del peso de las labores del hogar, como lavanderías, casinos, etc. La legislación sobre el aborto y el divorcio, deben estar orientadas a preservar la salud física y mental de los miembros de la familia y su bienestar económico y social.

La participación juvenil en todos los ámbitos de la vida social y politica es imprescindible en un régimen  de  mayoría.  El  desarrollo  autónomo  del  movimiento  juvenil,  el  reconocimiento

institucional de distintos tipos de organizaciones juveniles y políticas específicas serán la base para ello.

La mayoría de edad se establecerá a los 18 años.

La política social contemplará facilidades para los que estudian y trabajan; subsidios y otras medidas especiales para las parejas jóvenes; adecuada concepción del contrato de aprendiz,

asegurando salario justo, previsión, asignación familiar, seguridad laboral y plenos derechos sindicales. Se implementarán programas integrales de capacitación .

Se desarrollarán programas especiales para las vacaciones, el deporte masivo, la cultura y la

recreación juvenil.

Se posibilitará el derecho a una sexualidad sana y libre, ajena a prejuicios arcaicos y se abordarán de un modo científico y humanista problemas como el Sida, la prostitución juvenil, el

alcoholismo, la drogadicción.

Se  eliminará  la  detención  abusiva  de  jóvenes  sin  causa  justificada,  que  se  ha  dado  en denominar “detención por sospecha”.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología permite prolongar la esperanza de vida humana.

Posibilitar una vida plena a quienes llegan a la tercera edad es una tarea para todos los chilenos. Se requiere asegurar espacios de inserción social apropiada a sus capacidades biológicas,   aprovechando   su   experiencia.   La   sociedad   debe   garantizarles   condiciones económicas dignas y el desarrollo de ambientes de recreación, estudio y convivencia especiales, que posibiliten su aporte creativo al país.

 

Chile en la Comunidad internacional

 

Chile debe realizar una política exterior activa en favor de la colaboración entre las naciones.

 

La política exterior de un gobierno de mayoría nacional tendrá como ejes de su actividad, bilateral y multilateral, orientaciones como las siguientes:

 

  • Participación activa en todas las  agrupaciones de  los  países en desarrollo, tendiente a la defensa de sus intereses comunes, la preservación de sus recursos naturales, nuevos términos de itercambio favorables y por el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos.
  • Rechazo a la amenaza o al uso de la fuerza militar, al bloqueo u otras sanciones unilaterales para resolver los conflictos locales, regionales o mundiales. Oposición a toda acción hegemónica de una potencia o

grupo de ellas en contra de la independencia de las naciones o estados.

  • Apoyo a  los  acuerdos o  tratados para  avanzar en  el  desarme

multilateral, para la eliminación del uso y ensayo de armas atómicas, qu’micas o biológicas, o de otras de uso masivo en contra de los pueblos. Reducción sustancial de los gastos militares y destinación de

sus recursos a la eliminación de la pobreza.

  • Promoción de acuerdos para preservar el habitat planetario.
  • Democratización de las Naciones Unidas y otros organismos mundiales.

Garantizar el igual derecho de todos los Estados en la adopción de sus decisiones. Eliminación del derecho a veto y del carácter permanente de miembros del Consejo de Seguridad del cual gozan las grandes potencias.

 

Somos decididos partidarios de avanzar en la integración económica, política y cultural de la América Latina y el Caribe. La integración no debe ser sobre la base del modelo neoliberal, ni según las conveniencias de las transnacionales o de Estados Unidos. Por el contrario, debe contribuir a potenciar nuestras capacidades nacionales frente a aquéllos u otros bloques. La Integración Latinoamericana debe contemplar paralelamente la democratización y la participación de los pueblos en la construcción de las instituciones integracionistas. No basta la reducción de las barreras aduaneras. Habrá que avanzar en pol’ticas comunes frente a terceros, acordar cooperación financiera, tecnológica, científica, comercial, particularmente en empresas públicas, universidades y organismos sociales. En este contexto, Chile debe integrarse al MERCOSUR y propiciar la convergencia con el PACTO ANDINO. Propiciamos convenios fronterizos, regionales o provinciales con regiones adyacentes de nuestros vecinos. Hay que avanzar hacia una estrecha solidaridad entre los trabajadores y otros sectores de nuestros países.

 

Una democracia superior: el socialismo

 

 

La aspiración al socialismo en Chile surge con el proletariado como clase consciente a comienzos del siglo. Motivados por sus valores, la clase obrera y el movimiento popular han construído sus organizaciones sociales, políticas y culturales, han luchado por mejorar sus condiciones de vida y asumido la defensa del interés nacional, siendo factores determinantes en cada avance democrático de nuestra patria.

 

Uno de sus principales frutos fue la conquista y las realizaciones del Gobierno Popular. Se trató de un proceso revolucionario democrático antiimperialista, que despertó un amplio apoyo en los trabajadores en una perspectiva chilena al socialismo, proceso que atrajo la simpatía de toda la humanidad progresista.

 

En los mil días del proceso encabezado por el Presidente Allende se vivió el período más democrático de la historia nacional. La distribución del ingreso fue la más equitativa, los salarios alcanzaron los niveles más altos, aún no recuperados, los trabajadores se incorporaron a la dirección de las empresas y la opinión de la CUT era siempre considerada. Jamás antes ni después existió mayor participación social. La producción y la productividad se elevaron, el país recuperó el control de sus riquezas y acrecentó su dignidad e independencia. Los niveles alimentarios de los sectores populares crecieron significativamente, mejorando su calidad proteica y nutritiva. Floreció la cultura, alcanzando niveles incomparables: millones de chilenos tuvieron acceso al libro, a la música, al ballet, al teatro, la creación y la creatividad. La educación alcanzó las más altas coberturas en todos sus niveles. Los derechos humanos se respetaron y ampliaron. Más allá de los errores cometidos, el Gobierno Popular desarrolló un profundo proceso de efectiva, real y democrática modernización del país. Esto fue insoportable para el imperialismo y la oligarquía que vieron en el ejemplo de Chile un camino que podía ser asumido en otras latitudes. Por eso llevaron a cabo el golpe de estado.

 

 

 

La crisis del socialismo en el siglo XX

 

Las primeras experiencias de construcción del socialismo en el mundo, durante el siglo XX, han puesto en evidencia las grandes potencialidades de los pueblos para abrir camino hacia la justicia social, la libertad, el fin de la explotación, la igualdad de oportunidades.

 

El socialismo significó la conquista de múltiples derechos, la eliminación de la extrema pobreza, hacer realidad el derecho al trabajo, a  la salud, a  la educación, a la seguridad social, y a la cultura. Millones de personas salieron de la miseria y del oscurantismo. Influyó positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de los paises capitalistas, alentó sus luchas reivindicativas e hizo temer a la burguesía la cercanía de la revolución social.

 

Nadie puede olvidar la contribución de la URSS a la victoria sobre el fascismo, su apoyo a las causas de liberación nacional y a la liquidación del colonialismo, su aporte para evitar el exterminio nuclear.

 

Al mismo tiempo, particularmente en Europa del Este, se ha demostrado las inmensas dificultades que esta gigantesca empresa conlleva. Aquellas que en primer lugar provienen de los errores de los revolucionarios, asi como las que derivan de las presiones del imperialismo que ha llegado hasta la guerra para promover regresiones capitalistas.

 

Los graves errores cometidos impidieron que el socialismo fuese capaz de asumir los nuevos desafíos, en particular, incorporar los avances de la revolución científico-técnica y proyectar un salto necesario en el desarrollo

 

global de  estas sociedades. Contrariamente se  cayó en  un  proceso de estancamiento, de crisis progresiva, de desmoronamiento del sistema y de reversión hacia el capitalismo. Esto ha determinado un significativo cambio de la correlación de fuerzas a nivel mundial con grave perjuicio para todos los pueblos.

 

Para todos los revolucionarios el conocimiento y análisis de estas experiencias permitirá extraer enseñanzas hacia el futuro y enriquecer nuestro pensamiento y acción.

 

Una concepción dogmática y deformada de las tesis del marxismo distorsionó la comprensión científica de los procesos históricos contemporáneos, de los nuevos fenómenos, de los cambios en la Economía, la Cultura y el pensamiento. Se negó el carácter universal del conocimiento. El dogmatismo y el sectarismo crearon falsos enemigos con su secuela de violaciones a los Derechos Humanos.

 

Socialismo y democracia son inseparables. La participación de los trabajadores y el pueblo en la dirección y control de los asuntos políticos y sociales; una relación sólida y permanente de los partidos con las masas, para conocer realmente sus aspiraciones y demandas; el respeto a las tradiciones y particularidades nacionales y culturales fusionadas con el ideal socialista, son principios que resaltan de la experiencia.

Se destaca como lección la necesidad de cautelar de modo permanente la esencia humanista del quehacer político. Estimular la conciencia moral y política, el interés y el compromiso personal con los desafíos de la nueva sociedad, en cada una de sus fases.

El autoritarismo y la burocratización del poder constituye en toda sociedad, una fuente de

privilegios, corrupción, enajenación y causa determinante de la precariedad de los Derechos

Humanos. Son por tanto contrarias al ideal socialista.

La resolución de las contradicciones no antagónicas, inevitables de todo proceso social, debe realizarse  por  medios  democráticos,  respetando  el  pluralismo  propio  de  toda  comunidad humana. La autonomía de las organizaciones sociales asi como la separación del Partido y el Estado deben ser garantizadas.

La economía, orientada al desarrollo y las necesidades de la gente, debe integrar planificación y mercado, evitar la arbitrariedad y la anarquía, estimular la creatividad y la permanente incorporación al proceso productivo de los avances científico-tecnológicos.

 

El derrumbe del socialismo en Europa es la crisis de un modelo, de una etapa en la historia de la lucha por el socialismo. No ha sido la derrota de nuestra opción, ni el fracaso del socialismo como esperanza de la humanidad.

 

El socialismo en cada país ha de tener en cuenta las regularidades universales de todo proceso social. No existe un único molde. Cada pueblo deberá edificar las nuevas relaciones sociales, acorde con sus características nacionales, en el marco del movimiento mundial hacia la integración e interrelación de todas las naciones.

 

El proceso de cambio social no transcurre de la noche a la mañana. Al decir de Recabarren, “así como el niño en cada edad de la vida se transforma o adquiere un nuevo conocimiento o una nueva experiencia, así sucederá con el socialismo, que irá introduciendo en la sociedad sus modalidades, a medida que la experiencia las muestre superiores”. La nueva sociedad puede ser reversible en la medida que no asuma los cambios producto de su propio desarrollo y de las demandas siempre nuevas de los seres humanos.

 

El socialismo para Chile

 

Los comunistas chilenos fuimos influídos por el enfoque dogmático del marxismo, las concepciones acerca del  centro rector” y el carácter monolítico del Partido. Esto nos llevó a

 

falta de crítica y a asumir algunas actitudes seguidistas particularmente en la política internacional. Se debilitó el desarrollo teórico propio; durante un cierto período se menospreció a Recabarren. En general, se relativizó su aporte y el de otros pensadores latinoamericanos y del resto del mundo. Con todo, estos factores no impidieron el carácter nacional, independiente de la actividad del partido y su creación política. Nos favoreció en esto, la preocupación por la ligazón con las masas. El Partido logró una interpretación generalmente adecuada de los cambios que se necesitaban en cada período y pudo cumplir un rol significativo en el progreso de Chile.

 

Nuestro Partido ha elaborado, y llevado a la práctica, diversos aspectos de un proyecto socialista para Chile, mucho antes de iniciados los procesos renovadores. Tales son, entre otras, las formulaciones sobre el pluralismo y el pluripartidismo, las diversas áreas de propiedad, el Estado de derecho, el rol de los cristianos en la lucha social, las diversas vías revolucionarias, la libertad de creación, el papel de las organizaciones sociales en el proceso.

 

Identificamos el socialismo con la democratización real en todas las esferas de la vida social. Una sociedad cuya mayor preocupación es el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes y el resguardo de la naturaleza. Con igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los chilenos y en la que la distribución de la riqueza se hace conforme al trabajo y a la capacidad de cada cual.

Relaciones humanas de dignidad, respeto y tolerancia, de solidaridad y a la vez de responsabilidad individual y colectiva, deberán sustituír las relaciones de explotación, opresión, de competencia destructiva y de violencia creciente que caracterizan al Chile actual.

La  dirección  de  la  sociedad  socialista,  con  hegemonía  de  la  clase  obrera  moderna,  la

concebimos amplia y pluralista, en la cual se integran los campesinos, las capas medias y de modo creciente otros sectores que hacen suya la necesidad de organizar la sociedad sobre la base de los nuevos valores humanistas.

La participación de la gente en las decisiones, práctica y control de la cuestión pública en favor de la progresiva autogestión de la sociedad organizada, debe ser una característica esencial del socialismo.

Los chilenos contamos con una rica experiencia de organización social. Ella genera condiciones

favorables para avanzar hacia nuevos niveles de profundización de dicha participación. De este modo, se enriquecerá la conciencia político-cultural de los ciudadanos, con vistas a un mayor cumplimiento responsable de sus deberes y derechos.

La democracia socialista fomentará la autonomía de las organizaciones sociales como canales de expresión de los intereses sectoriales y locales. Estas y las leyes respectivas velarán porque

sean plenamente representativas.

Para el control y fiscalización de la gestión pública existirán organismos, generados democráticamente y dotados de los medios apropiados.

La democracia socialista debe garantizar el ejercicio del pluralismo ideológico y político. En la

nueva  sociedad  continuarán  existiendo  diversas  clases  sociales,  estratos  y  capas  que expresarán multiplicidad de intereses y enfoques. El pluralismo debe manifestarse en el derecho de cada cual a profesar sus ideas políticas, organizarse en torno a ellas, integrar partidos para difundirlas, elegir y ser elegido en cargos de función pública, sobre la base del respeto de todos a las normas democráticas socialistas. Dichas normas garantizarán la existencia y preservación del Estado Socialista.

La democracia socialista basada en un Estado de Derecho, se asentará en el respeto irrestricto a los DD.HH. Ellos permanecerán consagrados en la Constitución, siendo obligación de los

Poderes Públicos ejecutar políticas permanentes destinadas a hacerlos efectivos.

El Estado de Derecho Socialista se fundará en la separación de los Poderes Públicos y su necesaria  coordinación.  Debe  estar  establecida  la  gestación  democrática  de  todos  ellos, mediante elecciones periódicas, como asimismo, la supremacía de los órganos representativos por sobre los aparatos burocráticos, afirmando la tendencia a transferir gradualmente las decisiones desde los niveles superiores a la base. Quedará asegurada así la capacidad del

pueblo para decidir la alternancia en el gobierno, cada vez que la mayoría lo estime necesario.

 

El  Estado  Socialista  dispondrá  de  los  medios  jurídicos,  institucionales  y  materiales  para garantizar la soberanía nacional y popular y enfrentar con éxito la subversión contrarrevolucionaria, interior o exterior.

A medida que en Chile se construya el socialismo la economía cambiará de sentido: se moverá cada  vez  más  por  las  necesidades  sociales  e  individuales  de  todos  sus  integrantes,  con

elevación creciente de los niveles y calidades de la producción.

Las decisiones económicas se adoptarán sobre la base de las necesidades presentes y futuras, colectivas e individuales, del desarrollo de las fuerzas productivas, del respeto por la naturaleza y de las leyes objetivas de la economía. Así se resolverá qué producir, en qué invertir, cómo distribuir los recursos humanos y materiales y cómo repartir equitativamente los frutos del

esfuerzo colectivo..

La sociedad socialista deberá garantizar la igualdad de oportunidades para el libre desarrollo de las capacidades individuales. No será una sociedad del igualitarismo en cuanto a ingresos y estilos de vida. En la economía socialista, paulatinamente, será la calidad y la cantidad del trabajo de cada uno, la fuente fundamental del nivel de vida de cada chileno.

En el transcurso de la construcción del socialismo existirán diferentes formas de propiedad de

los medios de producción y diversos tipos de empresas, si bien las formas colectivas de propiedad tenderán a ser predominantes.

En el área de propiedad social las empresas estatales, de gobierno regionales y municipales; empresas arrendatarias o concesionarios de bienes colectivos, cooperativas y empresas de trabajadores.

En el área de propiedad privada existirán la empresa individual o familiar, sociedades de

personas, sociedades por acciones. En estas últimas, el poder decisorio no dependerá del capital de los accionistas sino que se inspirará de una autogestión democrática. Podrán darse también formas mixtas o entrelazadas entre unas y otras.

La propiedad personal o familiar podrá dar lugar a formas legítimas de ingresos. La sociedad sin embargo, no dará espacio para enriquecimientos ilícitos, beneficios de la especulación, el acaparamiento o el soborno.

Es preciso una nueva concepción de la administración de las empresas estatales. Su gestión pondrá en el centro una amplia participación de los trabajadores. Buscará mecanismos que permitan la representación de los usuarios y proveedores en ella. Habrá que abrir espacio a la iniciativa individual estimulándola moral y materialmente. La nueva gestión de las empresas tendrá un alto grado de autonomía sin que ello exima a sus dirigentes de hacerse responsables

ante la sociedad por sus resultados positivos o negativos.

Concebimos  una  planificación  de  carácter  estratégico  que  defina  los  grandes  objetivos nacionales de mediano y largo plazo y los medios correspondientes. Toda la sociedad debe participar en su elaboración gestión y control. Ella permitirá entregar las grandes orientaciones reguladoras del mercado.

El  Estado  socialista  contará  con  los  recursos  y  atribuciones  tanto  para  dirigir  la  marcha

planificada hacia los objetivos nacionales, como para satisfacer aquellas necesidades colectivas básicas: el empleo, el salario, la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social, la seguridad ciudadana y la defensa nacional, el medio ambiente, la cultura y otras.

El mercado, donde todos puedan concurrir cada vez más equitativamente, orientará las empresas a producir más eficientemente y con mejor calidad, a partir de las necesidades siempre  renovadas  de  los  consumidores.  Los  diferentes  tipos  de  empresa,  mediante

competencia regulada por la ley, fijarán los precios guiándose por el costo social efectivo y las demandas de la población.

En el curso de la edificación del socialismo la hegemonía de clase de los trabajadores deberá

consolidarse a través de un proceso multifacético

 

Las nuevas relaciones sociales tienen como objetivos:

 

  • suprimir la explotación del hombre por el hombre,
  • la efectiva participación de los trabajadores en la gestión, propiedad y resultados de las empresas,

 

  • resolver la enajenación del trabajador respecto de los medios de producción, de las condiciones en que trabaja y del fruto de sus esfuerzos.
  • la participación en la dirección política y autogestión de la sociedad organizada,
  • el afianzamiento de  un  conjunto de  valores culturales y  éticos

compartidos por las grandes mayorías.

 

El socialismo en Chile será el resultado del esfuerzo compartido y consciente de toda la gente, teniendo siempre como norte la humanización progresiva del ser humano y de la vida en comunidad.

 

El Partido Comunista al servicio del Pueblo y de Chile

 

 

Un Partido de los Trabajadores

 

El Partido Comunista surgió desde el seno y como expresión política de la clase obrera, para aportar a su acción organizada y consciente por sus reivindicaciones y hacer realidad la tarea histórica de los trabajadores manuales e intelectuales de nuestro país: asumir el papel de conductores del proceso de ensanchamiento sostenido de la democracia y el paso a un nuevo sistema social superior al capitalismo.

 

Es la organización política, de los trabajadores manuales e intelectuales, de la ciudad o el campo, asalariados permanentes o temporales. Forman parte de él, asimismo, trabajadores por cuenta propia, profesionales, pequeños o medianos empresarios, dueñas de casa, estudiantes, intelectuales, científicos, que en esencia comparten la misma finalidad: edificar el socialismo y suprimir la explotación del hombre por el hombre.

 

Lleva adelante su acción inspirado en valores y principios que se sustentan en la teoría del socialismo científico y en su experiencia acumulada en decenios de lucha junto al pueblo, con espíritu abierto a lo nuevo que emerge cada día en la vida de nuestra patria y el mundo.

 

Desde su fundación en 1912, como Partido Obrero Socialista, ha llevado a cabo una incesante labor a favor de la organización y la unidad de los trabajadores. Luis Emilio Recabarren, nuestro fundador, hizo una contribución histórica para que la naciente clase obrera tomara conciencia de su papel decisivo en el desarrollo del progreso social y de la democracia. Desde entonces, hemos pugnado por el derecho de los trabajadores y el pueblo a alcanzar el poder, dirigir los destinos del país y labrar un futuro libre, independiente y soberano para nuestra patria.

 

Un Partido con Profundas Raíces Históricas

 

El Partido Comunista es una fuerza política profundamente nacional. Formamos parte de la continuidad histórica de los anhelos y luchas liberadoras en nuestra tierra.

Las ra’ces del Partido Comunista se encuentran en los albores mismos de nuestra historia. Nos reconocemos herederos de mapuches y pueblos originarios, del espíritu indómito con que defendieron  durante  siglos  su  libertad,  su  territorio,  su  cultura,  haciendo  frente  a  los

colonizadores españoles.

Nuestras luchas se inspiran en las hazañas e ideales de los patriotas que se rebelaron y combatieron por la independencia nacional.

Son nuestros los visionarios sueños de solidaridad y progreso social, las luchas por la igualdad y

las nobles gestas de defensa de nuestra independencia económica y autodeterminación, precursoras del ideal socialista que postulamos.

Reivindicamos el decisivo papel jugado por nuestro Partido en las conquistas democráticas y sociales alcanzadas por el movimiento popular en este siglo, a la creación de las bases del desarrollo del país y su aporte al enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación.

 

Asumimos la herencia de Salvador Allende, inolvidable conductor de nuestro pueblo, luchador hasta su muerte por la democracia y el socialismo en nuestra patria.

 

Un Partido Internacionalista

 

El  Partido  Comunista  nació  con  un  profundo  sentido  internacionalista  y  solidario  que  ha sostenido a lo largo de toda su existencia.

 

Nos identificamos con los destinos y la misión liberadora del proletariado universal. Hacemos nuestros los objetivos históricos que se propusieron los fundadores del socialismo y proclamamos el derecho de los pueblos a su liberación y a construir el socialismo en sus respectivos países.

 

El internacionalismo es inseparable del patriotismo verdadero, se opone a toda forma de racismo, al desprecio por las naciones más pobres.

Ante el creciente dominio de las transnacionales el internacionalismo es un imperativo. La internacionalización  de  los  procesos  económicos  sociales  y  políticos  hace  indispensable fortalecer la colaboración entre los distintos destacamentos nacionales de la clase obrera mundial, generar nuevas relaciones de cooperación, en un pie de igualdad y ajenas a toda

injerencia en los asuntos internos.

Más allá de las diferencias nacionales, los trabajadores y los pueblos unidos deberán hacer valer sus derechos para la construcción de un nuevo orden mundial, democrático, humanista y solidario.

El  Movimiento  Comunista  Internacional  cumplió  un  valioso  papel  en  los  avances  por  la

democracia,  la  justicia  social,  la  liberación  nacional  y  el  socialismo,  pese  a  los  errores cometidos. Nuestra lucha es común a la de todos aquellos partidos comunistas, obreros y revolucionarios que compartan estos objetivos. Perseveramos en la búsqueda de formas de coordinación y solidaridad entre todos ellos.

Propiciamos relaciones amistosas con todos los partidos y organizaciones democráticas y progresistas del mundo.

Compartimos  destinos  con  los  pueblos  de  América  Latina.  Nos  unen  cultura,  tradiciones

comunes y los desafíos que hemos enfrentado en diversos períodos de nuestra evolución, signada por la brega contra la discriminación racial, la servidumbre colonial y la explotación e intervención imperialista, por afianzar nuestra soberanía.

La causa antimperialista es una necesidad patriótica común, una gran tarea para nuestros pueblos.

 

La clase obrera latinoamericana crece en número e importancia social y política. Lucha por sus derechos y por sus propios objetivos clasistas, los cuales se identifican con los intereses nacionales.

 

Está emergiendo un nuevo movimiento en América Latina al que confluyen nuevos y antiguos Partidos y organizaciones políticas y sociales con distintas inspiraciones ideológicas, profundamente críticos del capitalismo y que aspiran a una nueva sociedad. Se proponen a llevar adelante los cambios, diseñar con mayor determinación y audacia pasos hacia una integración independiente de nuestro continente y concordar esfuerzos del Tercer Mundo para promover un orden internacional justo. Nos planteamos colaborar y buscar convergencia en tareas y causas comunes con ellos, asi como con todos aquellos que comparten estos valores en otras latitudes.

 

Un Partido que Asume los Problemas Globales de la Humanidad

 

Los  comunistas  asumimos  como  responsabilidad  propia  la  lucha  por  la  solución  de  los problemas planetarios. Entre ellos la pobreza y el atraso de millones de seres humanos, las guerras, la discriminación de género y de etnias, el SIDA y el narcotráfico.

Participamos en todas las campañas por la preservación del medio ambiente, la defensa de la Naturaleza y de la biodiversidad, contra la producción y el comercio de productos tóxicos y contaminantes.

 

Un Partido que Postula el Valor Esencial de los Derechos Humanos

 

Asumimos los derechos humanos como parte esencial de nuestros valores.

La base insustituíble de la paz, es la verdad y la justicia. Somos firmes defensores de las libertades y derechos de los chilenos y nadie puede arrogarse la facultad de suprimirlas. Consideramos legítimo el derecho a la rebelión de los pueblos consagrado en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos cuando por medio de la coerción se vulnera la realización de su voluntad soberana.

Asimismo hacemos nuestras las nuevas convenciones y ampliaciones de la carta fundamental

de las Naciones Unidas, relativas a los derechos de la Tercera Edad, la Infancia, las Etnias y el

Medio Ambiente.

 

Un Partido que Lucha por las Libertades Individuales

 

Nuestra lucha es por el respeto a la dignidad y libertad individuales, por el derecho de cada cual a pensar y expresarse con autonomía; por una sociedad que asegure las condiciones materiales y espirituales para el ejercicio de las capacidades y el logro de las aspiraciones de todos sus integrantes, sin discriminaciones de ninguna especie.

Rechazamos el falso concepto de libertad de las clases dominantes, que es ante todo la libertad para apoderarse de las riquezas a costa de las privaciones de la mayoría.

Concebimos  la  libertad  intrínsecamente  ligada  al  fin  de  la  explotación.  a  la  igualdad  de

oportunidades para todos, a la satisfacción de las necesidades, y al logro de la justicia social.

 

 

 

Un Partido que Reivindica la Familia y la Igualdad de GŽneros en la Sociedad

 

Los  comunistas  propiciamos  relaciones  de  pareja  y  familiares  basadas  en  el  amor,  la solidaridad, la verdad y el respeto mutuo, sin prejuicios ni hipocresía.

Las modificaciones en el carácter de la familia, la sexualidad y las relaciones generacionales deben ser asumidas. Propendemos a crear condiciones materiales, jurídicas y morales que favorezcan la vida familiar y la protección de sus miembros.

 

Un Partido por la Libertad de Creación

 

Nos pronunciamos por la libre creación artística y científica en interés del desarrollo humano, contra la existencia de cualquiera escuela oficial y contra toda forma de coerción administrativa. La gran necesidad de los seres humanos es liberar las artes y la cultura de toda sujeción a intereses mezquinos y discriminaciones ideológicas.

Hay que afirmar el derecho de todos al patrimonio cultural universal, impedir que las leyes del mercado capitalista lo reduzcan al disfrute de una élite.

 

 

 

Un Partido que Lucha Irrestrictamente por la Democracia en el Pa’s

 

El Partido Comunista ha promovido y defendido la democracia como parte esencial de sus luchas, a través de toda su historia. Ni en las peores épocas de su historia ha claudicado a este principio.

Aspiramos y empeñamos todos nuestros esfuerzos para el progresivo despliegue de la democracia y de la soberanía popular, marco imprescindible para el pleno respeto de los Derechos Humanos y de las libertades ciudadanas, públicas e individuales. Es en esta cuna que los comunistas luchan por gestar y proteger la democracia de nuevo tipo que el país requiere.

 

Un Partido que promueve la ética en la política

 

Los valores propios del humanismo que propiciamos deben imprimir su sello a todo el quehacer político. Repudiamos el concepto de que “el fin justifica los medios”. Rechazamos la politiquería, la demagogia y la falta de ética política, muestra de oportunismo que a menudo se justifica con el pragmatismo.

 

Nuestra historia demuestra que son las clases dominantes quienes practican el engaño al pueblo, el incumplimiento de las promesas electorales. Justifican el empleo de la violencia incluyendo las formas más bárbaras e inhumanas con tal de mantener el sometimiento de los explotados a sus mezquinos intereses. Desde las matanzas del salitre hasta la dictadura terrorista de Pinochet, tal es la lección que el movimiento obrero y popular ha confirmado reiteradamente en carne propia.

Rechazamos el terrorismo en todas sus formas, como contrario a la democracia y favorable a la reacción.

Estamos  por  una  sociedad  que  erradique  la  violencia  entre  los  hombres.  Sin  embargo,

rechazamos la pretensión de confundir terrorismo con autodefensa del pueblo. Si se ejerce violencia sistemática contra éste, cerrándole el camino para el ejercicio de su soberanía y el poder político la ampara o la tolera, somos decididos partidarios de que éste ejerza su legítimo derecho a la defensa.

 

Un Partido para la Unidad

 

Ni ayer, ni hoy consideramos que el objetivo patriótico de conquistar el poder para el pueblo comprometa sólo los esfuerzos de los comunistas. Son también desafíos posibles de alcanzar con la conciencia, decisión, creatividad y las luchas de millones de personas sin partido o on otras militancias.

Con esta convicción procuramos compartir la definición de los cambios necesarios, de los caminos para su consecución y de la dirección del movimiento capaz de impulsarlos y hacerlos realidad. Para ello, como en cada momento de nuestra historia, la ligazón del partido con las masas, su disposición unitaria son la base insustituíble de nuevos avances y desarrollos.

 

Un Partido que Promueve el Intelectual Colectivo

 

El proceso de renovación que impulsamos se dirige a desarrollar una política revolucionaria. Ello exige el empeño de toda la organización por asumir a fondo nuestra cambiante realidad, por afianzar un pensamiento humanista y de clase, por participar activamente en las luchas de la gente y compartir experiencias y conocimientos .

La capacidad del Partido como intelectual colectivo integra la experiencia específica de los militantes en su quehacer político y práctico de cada día.

Nos proponemos perfeccionar el centralismo democrático, acorde con la experiencia nacional e

internacional.

Trabajamos por un Partido que estimule y demande la participación plena y el despliegue creativo y multifacŽtico de cada militante y de cada organismo para llevar adelante la política y

el Programa del Partido.

 

 

 

Un  Partido  que  Asume  el  Legado  de  la  Teor’a  y  las  Experiencias  Socialistas  y

Corrientes Progresistas

 

La renovación permanente y a fondo en la teoría y en la práctica de los partidos y en sus militantes es un valor revolucionario.

Creemos que los contenidos esenciales del pensamiento de Marx, Engels y Lenin mantienen plena vigencia y sustentan nuestras definiciones ideológicas. Como ellos mismos lo expresaban, nunca se propusieron un sistema acabado, dogmático, sino una concepción del mundo en constante evolución, una guía para la acción.

El socialismo científico exige el enriquecimiento permanente de nuestro acervo intelectual, requiere asimilar críticamente todo lo creado por los científicos y artistas, pensadores y políticos

humanistas, marxistas o no, creyentes o no creyentes.

 

Un Partido que Asume las Lecciones de la Historia

 

Somos un Partido revolucionario, de pensamiento y de acción, para servir a los trabajadores y el pueblo.

Compartimos su vida diaria y su destino, sus alegrías y tristezas. Nos proyectamos con una política de mayor’as que busca interpretar a todos los que viven de su trabajo, a todas aquellas

clases, grupos sociales y movimientos que desean un cambio en las relaciones de explotación actuales, superar la alienación del ser humano, su soledad, y dignificar su vida en sociedad.

Ello nos demanda aprehender debidamente las duras lecciones de la historia y renovar con

decisión nuestra teoría y práctica, nuestra vida democrática, para mantener y levantar más en alto las banderas de la revolución, la democracia y el socialismo.

Hemos servido con fidelidad a los trabajadores y al pueblo de Chile, al precio de la vida, el martirio y grandes sacrificios de muchos de nuestros militantes.

Podemos afirmar que ninguno de los éxitos o conquistas populares en ocho decenios, se ha

logrado sin la presencia activa y la lucha intransigente de los comunistas.

 

Chile necesita al Partido Comunista. En él se unen experiencias de momentos distintos de la lucha, la dedicación y creatividad de miles de hombres, mujeres y jóvenes. Su rol es insustituíble para el cambio social.

 

Superaremos los nuevos desafios con la fuerza de la razón, nuestra unidad, disciplina y entrega a la causa del pueblo.

 

Nuestra historia, grande y conmovedora, nutrida por la rica savia obrera, popular y nacional, da sólido basamento a nuestra determinación de canalizar los ímpetus transformadores de la humanidad.

El presente programa sera revisado y actualizado en la Conferencia Nacional que el Partido realizara en Julio de 2018

image_pdfimage_print